Siempre se calificó de justo y legítimo lo que fue ordenado por la ley; tal es la esencia de la justicia y su antinomia es la estructuración de la corrupción y que los contenciosos jurídicos no se conduzcan según el procedimiento, ya que la mayoría de los que imparten justicia ya tienen el alma corrompida por el mercado de influencia y de prebendas, las cuales no se animan a rechazar dignamente por la pasión de la codicia, reservándose, con esa actitud, el condigno castigo para el futuro.

Cuando los fiscales son experimentados, diligentes y humanos, cargados con el peso agradable del conocimiento, tienen como misión primordial averiguar, comprobar y realizar las necesarias presunciones in situ para obtener de lo conocido lo desconocido, que apunta la aproximación a la verdad. Averiguar en profundidad los situaría en el ámbito de la solidaridad con los derechos del presunto imputado, y esa difícil tarea los libera del cargo de conciencia y el remordimiento por no haber agotado las vías de comprobación de los indicios existentes. Aquí en Bolivia los fiscales no cumplen con esta inderogable obligación, sino que buscan rápidamente imputar para que se inicie el contencioso. Entonces no son fiscales en el sentido estricto de la acepción que tiene su origen etimológico en la fiscalización que, en la práctica, es abstraer, dividir los hechos y analizarlos uno a uno hasta estar convencidos de la veracidad. Es decir hacer la separación mental de las circunstancias del hecho y sus relaciones con los objetos; de esta forma inteligente se estructura la separación como el resultado. Y en este proceso es imprescindible que el fiscal haga caso omiso de las posibilidades subjetivas del ser humano. No sucede esta situación ideal para la justicia en Bolivia, pues los fiscales sólo visualizan como objetivo inmediato la imputación, a sabiendas de que no se ha realizado prolijamente todo el proceso obligatorio que se detalla. Ahí, casi con certeza meridiana, reside la injusticia en la justicia. Cuando se trata de elaborar una sentencia los jueces, en penosa mayoría, se dejan alucinar por la retórica aduladora que usan numerosos abogados, además de la pluralidad de testigos dispuestos a declarar lo que se les prescribe. La pertenencia inherente a la justicia debe demostrarla todo juez en sus juicios y resoluciones y por ello ningún mal se acarrearán, si son realmente hombres de bien y se consagran a aplicar la norma jurídica en su correcta interpretación, siguiendo lo que prescriben nítida y perceptiblemente los condicionantes de la lógica jurídica formal: estudiar, examinar, fundamentar y sistematizar la norma jurídica. Una práctica cotidiana y disciplinada, que hará vivir a los jueces con un sentido de pertenencia a la justicia, es la conciencia moral y su proceso que es inevitable en todo ser humano. Con ello estos jueces ideales, pero a todas luces posibles, preferirán inquebrantablemente sufrir una injusticia antes de hacerla. Así no sólo es una aspiración teleológica parecer un hombre de bien, sino serlo en realidad, tanto en público como en privado, siendo preciso que los jueces huyan de toda adulación, tanto respecto a sí mismos como respecto a los demás y jamás deben dejarse embelesar por la retórica aduladora y vacía de contenido y pruebas, que es tan frecuente en los tribunales de Bolivia y Sudamérica y cuyo origen es la ausencia de formación profunda en el Derecho, la ética y la deontología. La retórica se la puede utilizar siempre en sujeción estricta a la norma jurídica, a las exigencias de la prueba y en obsequio a la justicia, siendo incontestable la importancia que asume un profesional en leyes cuando se lo enviste con la calidad de juez, debido a que decide sobre el destino del prójimo, que le impele a vivir y morir en la práctica y aplicación correcta de la norma jurídica y la demás virtudes que deben concurrir ineluctablemente en un juez. Por ello si el Derecho constituye el orden de la comunidad, es tarea de la justicia tenerlo a salvo y restablecerlo cuando no forman una ordenación verdadera e idónea de la justicia. Esto último sucede en la actualidad en nuestro país por la pereza o falta de conocimiento jurídico de los asambleístas, que no incorporan, como una obligación inderogable, las diferentes modificaciones modernas que son creadas en los diferentes códigos sustantivos, precisamente por la presión de las sociedades modernas y de la juventud. Esta negligencia y no otra, es consecuencia de disponer de códigos desfasados en función a la necesidad de la población y sobre todo del estamento de la juventud, que hoy enfrentan exigencias existenciales muy difíciles y complicadas que trastornan sus vidas, como: drogas, narcotráfico, trata de blancas, alcoholismo, abortos, opción de género, ausencia de diálogo intrafamiliar, violencia y altísima competitividad universitaria y en el ejercicio de la profesión y finalmente suicidios. Es un espectro totalmente diferente y aterrador para la paz que reinaba en los espíritus de los jóvenes de hace 40 años o menos. El destierro de la retórica aduladora y falsa de abogados en los juicios orales y también en los escritos, conducirá a fundamentar las defensas y propugnaciones sin concesiones que les hagan perder de vista la finalidad suprema, que es hacer prevalecer en su espíritu la diligencia para buscar los medios a fin de que esa justicia consolidada en los códigos tenga siempre prevalencia; haciendo nacer con esa sabia actitud la confianza de la población en la justicia, como valor absoluto para el reforzamiento del orden social. El autor es Abogado Corporativo, postgrado en Arbitraje y Conciliación.