En la semana del Día Internacional de la Mujer, la Ministra de Justicia realizó para La Razón una evaluación de los avances y problemas de la situación de la mujer en Bolivia. Entre los avances afirmó que se dieron pasos importantes en cuanto a normas (como la Ley Integral 348), educación, salud y mayor espacio en el ámbito político. Como limitaciones, apuntó a la falta de recursos humanos, como fiscales, investigadores y psicólogos para encarar los procesos judiciales.

— ¿Cuál es la situación de la mujer boliviana en el Día Internacional de la Mujer? — Con la nueva Constitución Política de 2009 por primera vez en nuestra historia se reconocen y garantizan los derechos de las mujeres, en los más de 22 artículos que consagran los derechos de las mujeres. Se reconoce el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia física, ni sexual ni psicológica ni económica, además de reconocer el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política e igualitaria de mujeres y hombres, prohibiendo y sancionando toda forma de discriminación. — ¿Qué avances concretos identifica en cuanto a la equidad de género? — Los avances son significativos y se reflejan en el acceso a la propiedad de la tierra de las mujeres, que se ha incrementado del 20% al 49%, entre 2005 y 2012. La tasa de abandono escolar de las mujeres se redujo de casi 6% en 2006 a 1,85% en 2011. Aumentó la cobertura de los establecimientos educativos especialmente en el área rural, permitiendo un mayor acceso a las mujeres al sistema educativo formal. Se evidenció que existe un gran porcentaje de mujeres que terminan el último año de secundaria, incluso superando a los hombres. La cobertura de atención a la mujer en servicios de salud subió de 55% a 73% y la cobertura de parto en centros de salud se ha incrementado. Según la Encuesta Nacional de Salud, la tasa de mortalidad materna se redujo de 250 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, a 180. — ¿Cuáles son los principales problemas de la mujer? — Aún debemos reducir y eliminar la violencia contra las mujeres (el caso de Hanalí Huaycho, cuya muerte hace un año motivó la promulgación de la Ley 348, no tiene sentencia y sigue en la etapa de investigación). Reducir y eliminar la mortalidad materna, reducir la discriminación laboral y económica hacia la mujer. El ingreso promedio de una mujer en el área rural, alcanza a los Bs 400 aproximadamente; en cambio del hombre supera los Bs 1.200 y en las ciudades la mujer gana solo el 63% del sueldo del hombre. En el mercado laboral, la participación de las mujeres no supera el 50% (una de cada dos mujeres trabaja), la de los hombres llega al 70% (siete de cada diez hombres trabaja). En cuanto a los gobiernos municipales, el 7% de los mismos cuenta con alcaldesas. No existe ni una sola gobernadora departamental. — ¿Respecto a la política? — Con referencia a la participación de la mujer en el poder y adopción de decisiones se puede decir que se redujo la brecha entre varones y mujeres en espacios de decisión en 73%, donde el Estado boliviano ocupa el puesto 30 entre 135 países en la reducción de la brecha de género, según el Foro Económico Mundial. En el gabinete ministerial se incrementó del 20% al 45% en el periodo 2009-2013. En el Órgano Judicial: en el Consejo de la Magistratura, 40%; Tribunal Agroambiental, 43%; Tribunal Constitucional, 57%; Tribunal Supremo de Justicia, 33%. La Asamblea Plurinacional está compuesta por 23% de mujeres en la Cámara de Diputados y 44% de representantes en el Senado. En 2013, el liderazgo femenino fue notable: las presidencias de las cámaras Alta y Baja de la Asamblea Legislativa estuvieron ocupadas por dos mujeres (Gabriela Montaño y Betty Tejada). En la presidencia del Consejo de la Magistratura se encuentra una mujer indígena originaria campesina, Cristina Mamani. — ¿Cómo evalúa la Ley Integral 348 contra la violencia hacia las mujeres? — La Ley Integral es una de las leyes más avanzadas en América Latina. Se ha tenido grandes avances porque a partir de esta norma se establece que es un problema de orden público y no solamente privado. Está empezando a cambiar la mentalidad colectiva, pero es un cambio a largo plazo, pues la violencia contra la mujer es una violencia estructural que responde al sistema patriarcal con el que históricamente está organizada nuestra sociedad. Luego de que la Ley 1674 no sancionaba de manera adecuada a los agresores, encontrándose en el campo familiar del Derecho, la Ley 348 penaliza los actos de violencia, considerándolos delitos a ser sancionados con privación de libertad. El haber pasado de que la violencia contra la mujer sea solo una contravención a ser un delito, constituye un gran avance. — ¿Por qué la reglamentación aún no fue aprobada?, ¿cuál es el obstáculo para ello? — Una vez promulgada la Ley 348, la reglamentación se viene trabajando a partir de los insumos recogidos en cumbres departamentales realizadas en la gestión 2013. Se ha elaborado una propuesta base de política pública de cumplimiento intersectorial y con concurrencia de recursos económicos para la aplicación de la Ley 348; la propuesta de políticas públicas brinda lineamientos estratégicos para la implementación de la norma a ser considerados por los diferentes órganos del Estado Plurinacional, estableciendo objetivos e indicadores con el claro propósito de disminuir la violencia hacia 2020. Actualmente se tiene un protocolo en la etapa final de su elaboración, redactado conjuntamente con el Ministerio Público y otros actores involucrados. — ¿Hay problemas en la aplicación de la Ley 348? — Debemos reconocer que la Ley 348 tropezó con una serie de problemas. Uno de los principales es que al haber entrado a la materia penal, el procedimiento es lento, lleno de trabas y permisivo para que las partes litigantes alarguen por años los procesos respectivos. Otra limitación es que hace falta la priorización de recursos por parte de las diferentes instancias para la aplicación de la ley con la dotación de recursos humanos (fiscales, investigadores, psicólogos) e instrumentos forenses para encarar de manera expedita los procesos. La FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) tampoco fue fortalecida en sus capacidades. Cada fiscal atiende por mes más de 200 casos, que sumados con los acumulados de meses pasados, se convierten en una carga procesal inmanejable. Las instancias de atención de casos han podido observar que la actitud de las mujeres, una vez que denuncian los casos, sobre todo aquéllos de violencia intrafamiliar, es de no continuar con el proceso, pues no quieren que su pareja entre a la cárcel, sino que solo sea amonestado. — ¿Por qué no se notan cambios específicos en la aplicación de la Ley 348? — Los cambios no se ven por todos los factores antes señalados, no es posible ver cambios visibles. Los datos son alarmantes. En el marco de la Ley 348 se han denunciado en el país 10.759 casos de violencia contra la mujer, de los cuales solo 186 (1,72%) han llegado a la acusación formal, y solo 30, es decir el 0,28%, cuenta con sentencia. Ni uno de cada 100 agresores ha sido sancionado. Factores que hacen a la norma procedimental, la actitud pasiva de algunos operadores de justicia, actitud negativa de algunas de las instituciones encargadas de prevención, entre otros, dan como resultado que a un año de la aplicación de la Ley 348 ésta es aún insuficiente para luchar contra la violencia. — ¿Cuáles son las acciones para aplicar la Ley 348? — Modificar el procedimiento penal, acortando plazos y haciendo más expedito el procedimiento. Contar con protocolos o reglamentos para cada institución interviniente, de manera particular a las de salud, que no se han involucrado en el tema. Mejorar la infraestructura forense e incrementar el número de fiscales especializados. Instalar los juzgados especializados en materia penal. En resumen, es un problema integral que debe ser encarado dentro de esa integralidad y complejidad, poniendo su parte los sectores para dar una solución definitiva.