En esta nota reitero que la Ley Nº 065 es una continuidad de la Ley Nº 1.732, impuesta e implementada y copiada de las reformas al Decreto Ley de Pinochet con la Ley Nº 20.255 del gobierno de la Sra. Michelle Bachelet. Para conocimiento de los trabajadores transcribo in-extenso el artículo 1º de la indicada ley:

“Ley Número 20.255-2008/ Gobierno de Chile, a través del Congreso Nacional de la República./ Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaría de Previsión Social TÍTULO I: Sobre el Sistema de Pensiones Solidarias. Párrafo primero: Definiciones Artículo 1º.- Créase un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, en adelante “sistema solidario”, complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente Título establece, el que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez”. Si revisamos con detenimiento el artículo, vemos que el Gobierno se olvidó de copiar la parte que dice: “será financiado con recursos del Estado”, lo que quiere decir que el sistema solidario no es financiado por los trabajadores, sin embargo en Bolivia la Ley Nº 065 crea un aporte para el trabajador 0,5% sobre sus salarios, el uso del 20% de los aportes para el Riesgo Común y del Riesgo Profesional, además del porcentaje sobre salarios elevados que van desde el 5% al 20%. Es decir que los aportantes financian el sistema solidario, pero para justificar la participación del Estado disponen un aporte del 3%, tratando de explicar que es la solución para incrementar las rentas con la fracción solidaria. Lo penoso del asunto es que después de una huelga general prolongada ordenada por la Central Obrera Boliviana (en mayo), donde se discutió la propuesta del Gobierno, se dijo claramente que no satisfacía ni las mínimas exigencias de los trabajadores y que se debería discutir la modificación de la indicada propuesta. Pero la COB se calló, y en complicidad con el Gobierno acepta el original planteamiento del Ministro de Hacienda de Bs. 3.200.- para todos los trabajadores y Bs. 4.000.- para el sector de mineros, como topes, aprobado luego del abrazo con otro traidor de los trabajadores, Sr. Pedro Montes, recientemente elegido por los mineros como ejecutivo de los mismos, a sabiendas de que este señor fue quien con otro abrazo dio curso de la Ley Nº 065, ley completamente neoliberal y contraria a los intereses de todos los trabajadores del país. Se nota la continuidad del compadrerío y la afinidad del alto organismo de los trabajadores con el partido de Gobierno, en detrimento de quienes no tienen otro medio para tener mejores ingresos. En la fecha conocemos que el Presidente del Estado al promulgar la Ley de Pensiones hace creer a todos que es el mejor paso del sistema solidario, nada más aberrante cuando con la indicada disposición ratifica y complementa el ingreso legal a la indigencia y miseria de quienes optarán por la jubilación. Una vez más el Gobierno revalida su enemistad con los trabajadores y su obstinación por poner en vigencia plena el neoliberalismo del régimen de pensiones en Bolivia. Ahora bien, si copiaron varios puntos, artículos o finalmente el fondo del sistema solidario de Chile, ¿por qué no copiaron también el Artículo 33.- de la Ley Nº 20.255? que dice: “A las personas pensionadas o imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las disposiciones del sistema solidario, ni aun cuando además se encuentren afiliadas o afectas a otro régimen previsional”. El mantener al sector militar en una bolsa común de pensiones, supuestamente con ciertos privilegios, sólo crea susceptibilidad, comprensible en los trabajadores del país que presionan para que las rentas de los militares sean también iguales a las rentas de todos. Es el momento para que sus niveles superiores pidan que este sector no sea parte del sistema común y que su entidad decida su futuro en cuanto a pensiones. ¿Se trata de enfrentar a estos grupos? ¿No hubiera sido mejor que como en todos los países latinos el sector militar sea excluido de la ley y que ellos manejen su sistema mediante COSSMIL? Indudablemente, la generalidad protesta y hace carne de la injusticia, pero la única solución es que su entidad vuelva a su origen, como entidad integral.