La desigualdad de género en la economía digital se da principalmente en el mundo del trabajo

Las mujeres de América Latina y el Caribe podemos mirar este año que termina con satisfacción y esperanza gracias a los compromisos asumidos por nuestros países en materia de igualdad de género. En dos importantes reuniones convocadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los gobiernos suscribieron los consensos de Montevideo y Santo Domingo, que contienen acuerdos específicos orientados a dotar de mayor autonomía física, económica y política a las mujeres. Los países latinoamericanos y caribeños participaron en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (realizadas en Uruguay y República Dominicana, respectivamente) después de un largo y fecundo proceso de instalación del tema de la igualdad en el centro del debate regional. Durante décadas, las mujeres de nuestra región han abogado desde los movimientos sociales y los mecanismos institucionales por la acción efectiva del Estado para evitar la discriminación en la sociedad. El hecho de que la igualdad oriente hoy las agendas gubernamentales es un triunfo del cual pueden, legítimamente, considerarse protagonistas. La XII Conferencia Regional sobre la Mujer, en octubre, abordó, principalmente, el lugar que las mujeres ocupan en la economía digital, tema que se sitúa en el corazón de la reflexión actual de la CEPAL. Creemos que América Latina y el Caribe deben llevar a cabo un proceso de cambio estructural, una apuesta por diversificar su matriz productiva, aplicando una combinación de políticas industriales, económicas, sociales, ambientales y laborales. Desde nuestra perspectiva, esto le permitirá a la región crecer de forma sostenida, con responsabilidad ambiental y mayor igualdad. El cambio estructural que proponemos pasa en gran medida por la generación de conocimiento y la incorporación de innovaciones en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad, tarea en la que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) juegan un papel crucial. Ponemos este debate en la perspectiva de género porque en la economía digital las oportunidades no se distribuyen de forma equitativa ni entre los países ni entre las personas. Apreciamos brechas de primera y segunda generación, no sólo de acceso a computadoras e internet, sino también de habilidades y usos de estas tecnologías. Los datos muestran que las mujeres se benefician de los avances de la sociedad digital, pero con rezago respecto de los hombres. Tomando el promedio simple de diez países, la tasa de uso de internet de las mujeres es 8,5% inferior a la de los hombres. Una política pública sensible a esta realidad debe reconocer que la desigualdad de género en la economía digital se da principalmente en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado), por lo que urgen políticas que prevengan la segregación laboral, eviten las brechas de ingresos y promuevan una justa división sexual del trabajo. La lentitud con que se cierran las brechas en el mercado laboral da cuenta de algunos persistentes obstáculos de acceso, entre ellos, que las mujeres sigan siendo las principales responsables del trabajo no remunerado y el cuidado en los hogares. Asimismo, en nuestra región una mujer con 13 y más años de estudio gana 37% menos que un hombre en la misma condición. Para la CEPAL, igualdad es sinónimo de titularidad de derechos, escenario donde el Estado juega un rol insustituible de cara al logro de umbrales mínimos de bienestar sin restar impulso ni recursos al dinamismo económico. Los avances progresivos registrados en los consensos de las conferencias regionales dan cuenta de una sistemática defensa de la integralidad e indivisibilidad de los derechos, de la valorización del Estado, inclusive a contrapelo de las miradas dominantes en el pasado reciente, y de la búsqueda de una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad, el mercado y la familia. Se trata de cambiar las relaciones de poder para que las mujeres de América Latina y el Caribe puedan gozar efectivamente de sus derechos.