El financiamiento no es el único tema que debe tratar la ley de organizaciones políticas

Algunos voceros del oficialismo señalaron que en principio no estaría previsto el tratamiento y aprobación de una ley de organizaciones políticas antes de las elecciones generales de 2014. Ello significaría, como advirtieron vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que los próximos comicios se harán con una legislación sobre partidos de 1999. Tal desfase sería lamentable. Una de las asignaturas pendientes en el actual proceso de implementación de la Constitución Política del Estado es la adopción de una norma que regule la formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Y es que la legislación vigente (Ley de Partidos Políticos, por un lado, y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, por otro), heredada de la vieja “partidocracia”, está rezagada respecto al nuevo marco constitucional, así como con relación al régimen electoral. Uno de los temas de debate público que debiera considerarse en la nueva norma tiene que ver con las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas. Actualmente, luego de la eliminación (en 2008) del financiamiento público directo, rige solamente el financiamiento privado. Esta situación genera desigualdades en la competencia electoral, en especial en el acceso a los medios de comunicación para la realización de propaganda, y limita la transparencia y rendición de cuentas. Si bien diferentes voces tanto del sistema político como de la ciudadanía rechazan claramente la posibilidad de que el Estado financie a las organizaciones políticas entregándoles dinero como se hizo antes (con malos resultados), surgen propuestas intermedias que parecen interesantes y viables. Se plantea por ejemplo la subvención indirecta a través de la distribución de espacios gratuitos en los medios de comunicación. Ello se haría con recursos públicos y bajo tuición del Órgano Electoral. Pero el tema del financiamiento público, reclamado en especial por las fuerzas políticas de oposición, no es el único ni el más importante de la futura Ley de Organizaciones Políticas. La nueva norma tiene el desafío principal de replantear el ejercicio de la representación política en una realidad, como la boliviana, que reconoce constitucionalmente diferentes formas de democracia. Se trata por tanto de situar a las organizaciones políticas más allá de las elecciones y del voto individual. Otras innovaciones se refieren a la democracia interna con equidad de género en las organizaciones políticas tanto en la definición de sus dirigencias como en la selección de sus candidaturas. Y es también fundamental establecer las diferencias entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y, en especial, organizaciones políticas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Estas últimas dan cuenta de la vigencia de la democracia comunitaria asentada en normas y procedimientos propios.