Se inició el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que sustituirá la Ley de Partidos Políticos de 1999. El gran reto de esta norma será armonizar las distintas formas de la democracia intercultural.

Hay que partir de la afirmación de que la democracia boliviana se ha vuelto más de una sola, es decir, una red compleja de relaciones entre distintas democracias. Haciendo una breve retrospectiva, es una evidencia que la Ley de Partidos Políticos de 1999 únicamente reconocía la existencia de una forma de democracia: la proveniente del liberalismo, conocida como representativa. Esta norma nunca pudo verse en funcionamiento pleno, pues coincidió con el inicio de la crisis sin retorno de los partidos del tiempo de la democracia pactada, que fue sustituida por la progresiva hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no necesitó pactar con nadie y que pretende todavía recoger los postulados de la agenda de octubre de 2003, aunque luego se verá si pudo efectivizarla con éxito. En todo caso, la superioridad de llegada del MAS corrió paralela a la decreciente credibilidad de los partidos conocidos como tradicionales. A partir del producto final de la Asamblea Constituyente (la cual fue precisamente uno de los puntos de la agenda mencionada, aunque empezó a exigirse antes) en Bolivia se reconoce la democracia intercultural que consta de tres formas: Artículo 11. I. “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán de-sarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley”. Antes, en 2004, surgió la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que intuye, de algún modo, las dos formas de democracia posteriores: la participativa y directa, y la comunitaria, dando la posibilidad a esos dos conjuntos de formar organizaciones políticas. Es así que se tienen tres grupos de organizaciones políticas y tres diferentes formas de democracia. Sin embargo, cada uno de éstos no es privativo de uno de los formatos democráticos, sino que pueden cruzarse e intervenir en uno o en otro, para construir así una compleja red de relaciones. Precisamente, encontrar el modo de armonizar esta imbricación es el gran desafío que debe resolver la nueva ley de Organizaciones Políticas, opinan Marco Ayala, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo. El peligro del pluralismo es que devenga en un culto a la diferencia. Para evitar tal, la legisladora considera que “el reto más importante de una nueva Ley de Organizaciones Políticas debe ser armonizar y comunicar la compleja estructura política que existe en el sistema político plural del país”. Dice que las democracias representativa, comunitaria y participativa tienen la misma jerarquía constitucional, “por eso los cambios que se operaron exigen un nuevo diseño de comunicación y entre ellas”. EL TSE es el que se encuentra trabajando en la redacción del anteproyecto. La Ley de Régimen Electoral determina que es el TSE el que debe elaborar anteproyectos relacionados a temas que tengan que ver con el voto, cuenta el vocal Ayala. Se ha definido tres fases en la elaboración del proyecto en cuestión. “La primera consiste en aprovisionarse de insumos mediante talleres de temas específicos. Luego se contratará a consultores para la redacción,y la tercera fase será la de socialización. Se tiene la ambición de que se cuente con el anteproyecto listo para ser entregado a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) hasta fin de año”, enumera el vocal, que el trabajo se encuentra en la fase inicial. Indica que el mayor reto de la nueva ley de organizaciones políticas, “dentro del nuevo marco constitucional y legal”, deberá reunir a los tres grandes conjuntos de actores políticos (agrupaciones ciudadanas, partidos políticos y organizaciones indígenas) cada uno con un tratamiento jurídico pertinente para engranar la manera en que sean regulados, lo cual es el desafío último. Otro gran reto que debe conquistarse es el que apunta Érika Brockmann, expresidenta del Senado, en el sentido de que se debe rescatar el verdadero sentido del hacer política. La palabra “política” es un sustantivo que inicialmente designa un objeto de estudio de la filosofía y luego una actividad; sin embargo, mediante un uso erróneo se ha difundido su utilización como adjetivo para indicar algo con signo degradado; por ejemplo, para desacreditar un hecho relacionado a algún nivel de la administración pública se dirá: “es una acción política”. “La nueva norma está llamada a rescatar a la actividad política como un espacio de agregación”, considera Brockmann, quien además señala una paradoja: “se reconoce que los problemas del país son de naturaleza política y al mismo tiempo se entiende el hacer política algo sin credibilidad”. Ayala se refiere a este mismo aspecto y dice que uno de los “objetivos altos de la ley” será generar condiciones para que la labor política recobre credibilidad y transparencia. En cuanto a las restricciones burocráticas para formar partidos, agrupaciones ciudadanas u organizaciones indígenas, hay dos visiones encontradas: la del analista político Carlos Cordero y la del experto en temas electorales Eduardo Leaño. Para el primero, la nueva norma debería extender y hacer plena “la libertad de asociación en la estructura democrática”. Cita a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que, en su opinión, cometió el error de burocratizar el derecho de asociación al poner trabas y requisitos excesivos para poder formar una organización. “Esa vulneración no debe repetirse, bastan dos personas que quieran hacer un frente político para que sea válido”. Según dice, tales limitaciones no existen para el caso de los pueblos indígenas, lo que consiste en una diferenciación negativa con visos de “autoritarismo”. Al contrario, el modo de ver de Leaño difiere del todo con este último razonamiento, pues al tiempo de expresar su duda sobre si la elaboración de un número de leyes cambie la realidad política del país dice: “creo que la nueva ley de partidos debería estar orientada hacia la consolidación de un sistema moderado de partidos. No es saludable ningún sistema hegemónico, pero tampoco un sistema de partidos exageradamente fragmentado”. Para conseguir este resultado y que no se llegue a un sistema fraccionado de organizaciones políticas, el especialista apunta a la necesidad de ampliar la barrera electoral de miembros de un grupo para adquirir una personería jurídica. “La nuestra es de 3%; hay países que tienen una barrera electoral de 5% y otros de 7%”. Por supuesto, otro aspecto que deberá ser encarado por la nueva ley será la democratización interna de las diferentes organizaciones. Al respecto, el vocal del TSE Ramiro Paredes cree que se debe hacer referencia a una ley en la que los partidos constituyan únicamente un elemento junto a otros actores políticos, como las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. En este marco, en su criterio, unas tendrán vigencia permanente y otras no; entonces, el desafío radica en cómo aplicar principios y regulaciones democráticas comunes a esa variedad de entidades de fines políticos. “En cualquier caso, todas deberán tener una vida interna democrática. La modalidad de las elecciones primarias son aplicables más a los partidos; pero, ¿qué se hace con las agrupaciones y los pueblos indígenas en cuanto a instrumentos políticos?”. Éste es alguno de los retos que la ingeniería de la Ley de Organizaciones Políticas debe considerar, lo cual coincide con la idea de la necesidad de armonizar la intrincada coexistencia de formas de democracia. Sobre este tema, Revollo señala que la democratización interna es una condición ineludible. “No podemos pretender participación política amplia de la ciudadanía y un fortalecimiento del sistema político si no se establece normas que garanticen la democracia interna en las organizaciones políticas”. El MSM propone elecciones primarias, elecciones internas implementando el voto directo y secreto, la representación de la pluralidad social de cada organización con el 50% de mujeres, representación de jóvenes, indígenas, sectores de trabajadores, intelectuales, etc. El abigarramiento de la sociedad boliviana, concepto que sigue siendo uno de los gritos de la moda de la teoría política y que fue recogido y matizado por lo “plurinacional”, se ha filtrado en cada aspecto de la vida del país. Sólo mencionando las más recientes consecuencias de esta red de complejidades están las diferentes formas de democracias, el debate sobre las identidades y el censo, los dos distintos formatos de administraciones de justicia, las nuevas formas de administración territorial y otras más, todas tratando de coordinar y no sobreponerse unas a otras. ‘El desafío es engranar democracia intercultural’: Marco Ayala es vocal del Tribunal Supremo Electoral El desafío es engranar todos los elementos de la democracia intercultural. Las nuevas figuras de esta democracia y los tres tipos de organizaciones que participan en la política, es decir, los pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, deben armonizar en función de las modalidades mencionadas mediante la nueva Ley de Organizaciones Políticas. ‘Debe organizar nuevo andamiaje institucional’: Marcela Revollo es diputada por el MSM El sistema político de participación y representación establece la coexistencia de diferentes formas de democracia. La nueva ley debe regular ese nuevo andamiaje institucional desde el cual el sistema de organizaciones políticas debe comunicarse con una sociedad que ha de- sarrollado no sólo pluralidad ideológica, sino organizativa como expresión de la diversidad cultural. ‘El objetivo es crear instituciones fuertes’: Salvador Romero es expresidente de la Corte Electoral El objeto que tuvo la Ley de Partidos Políticos de 1999 es similar al que debe tener la nueva Ley de Organizaciones Políticas. Se tratará de crear organizaciones políticas más fuertes, institucionalizadas, democratizadas y transparentes, que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Los principios generales de la ley de 1999 fueron útiles y son una buena base para un nuevo proyecto de ley. ‘Debe garantizar partidos autónomos’: Carlos Cordero es analista político La nueva ley de Organizaciones Políticas deberá garantizar que los partidos políticos sean del todo autónomos respecto del Estado, para que así no sucedan cosas similares a las que están pasando con el magistrado Gualberto Cusi. Otro aspecto a ser trabajado es desburocratizar los requisitos para formar partidos políticos; es decir, el derecho a la libre asociación. ‘Formas de democracia no deben sobreponerse’: Ramiro Paredes es vocal del TSE En el marco de la democracia intercultural, las formas democráticas no deben sobreponerse unas sobre otras, sino complementarse armónicamente. El objeto de una Ley de Organizaciones Políticas no son esas modalidades que ya están consagradas en la Constitución, sino definir su naturaleza, sus principios, organización y su funcionamiento. ‘Se está reconfigurando el sistema político’: Érika Brockmann es analista política Se vive una reconfiguración del sistema político, se puede decir que ya no existen partidos políticos, sino un sistema hegemónico y oposiciones sin bloque; por eso es imprescindible una nueva Ley de Organizaciones Políticas. Por ejemplo, el MAS no se reconoce como un partido; la nueva ley deberá abarcar formas de control a modalidades organizacionales como las del MAS. El rol de los partidos en medio del descrédito Es común señalar que la democracia es un modelo que excede lo meramente electoral y que no puede reducirse a un conjunto de agrupaciones que tienen por objetivo participar en comicios y ganar puestos de poder. Sin embargo, el descrédito de los partidos políticos en el país es tal que el pensar de la gente limita su rol precisamente a lo electoral; al menos eso da a entender Érika Brockmann, expresidenta del Senado, quien dice que existe una mala comprensión del rol de los partidos políticos. “Desde hace un tiempo la gente ya no quiere militar en un partido político, lo que no quiere decir que no se involucre en la política”, dice, y añade que ahora las personas participan activas en causas políticas concretas y por lo tanto de corto plazo (“efímeras”). En ese sentido, el expresidente de la Corte Nacional Electoral Salvador Romero dice que los partidos tienen funciones más allá de las puramente electorales, como la formación de militantes para la creación de una visión de país. El rol de los partidos, dice Brockmann, debería encararse en la nueva norma; éstos no pueden quedarse en lo meramente electoral.