Esta Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Entre algunos de los aspectos más relevantes de esta ley se encuentran la creación del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas y los Consejos Departamentales, la definición como Estado de adoptar una Política y Plan de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y una serie de mecanismos de prevención, protección, atención, reintegración y de persecución penal, entre ellos las acciones de información y capacitación sobre la temática, la regulación de las agencias de empleo que en muchos son la fachada de oficinas para la captación de posibles víctimas, el mejoramiento de la seguridad ciudadana y los controles migratorios, la prohibición de la revictimización, la modificación de los delitos de trata y tráfico ampliando su descripción y agravando en algunos casos las penas, la penalización de la violencia sexual comercial y la pornografía y el empleo de agentes encubiertos y la intercepción de llamadas para la investigación de estos casos.