Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen de protección a personas refugiadas y solicitantes de dicha condición, de conformidad a la Constitución Política del Estado, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Bolivia.

La Ley de Protección a Personas Refugiadas se funda en los pirncipios de no de devolución, improcedencia de la extradición y no expulsión. Por otra parte, señala los derechos y deberes de las personas refugiadas y regula la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional del Refugiado.