El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, anunció el miércoles que en las próximas semanas se socializará entre la población el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Constitucionales y la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que posteriormente se debatan en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Son dos proyectos de ley muy importantes para la construcción de la nueva justicia en Bolivia que serán puestos a consideración de la ciudadanía boliviana en los próximos días. Se ha de realizar un amplio proceso de socialización e inmediatamente después han de ingresar a la Asamblea Legislativa para su consideración y su aprobación", señaló en conferencia de prensa. Arce aseguró que la aprobación de los dos proyectos contribuirá fundamentalmente a la implementación de la nueva justicia en Bolivia, que tendrá como base la elección de las máximas autoridades judiciales el próximo 16 de octubre, y que servirán para construir los nuevos lineamientos jurídicos, de acuerdo con el mandato de la Ley del Órgano Judicial. Asimismo, explicó que el Código de Procedimientos Constitucionales se constituye en un instrumento normativo que contiene un total de 150 artículos y diez disposiciones transitorias, que junto al Código de Procedimiento Penal y el Procedimiento Civil formará parte de las normas que regirán los mecanismos que harán prevalecer los derechos de los ciudadanos. "Es la primera vez en Bolivia que se va a contar con un Código de Procedimientos Constitucionales, el avance del Derecho Constitucional hace necesaria esta nueva ley, este nuevo instrumento normativo es necesario con la implementación de los tribunales constitucionales porque son órganos de defensa de la supremacía de la Constitución Política del Estado, por lo tanto de la supremacía del estado de derecho, pero también de defensa de los derechos de las personas", dijo. Por otra parte, Arce detalló que la Ley Orgánica del Ministerio Público es una ley fundamental, porque el Ministerio Público es una institución constitucional mediante la cual el Estado cumple la función de acusador, de defensa de la legalidad y de la sociedad, por lo que su actuación es importante en los procesos penales. El Presidente de la Cámara de Diputados indicó que el objetivo central del debate y aprobación de ambas leyes es que las nuevas autoridades judiciales cuenten con un paquete de normas jurídicas que les permitan construir una nueva justicia en Bolivia.