El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, manifestó el jueves que el proyecto de Ley Corta, propuesta por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), para iniciar el proceso de consulta sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, rechazada por algunos pueblos de tierras bajas, apunta al carácter vinculante de la consulta colectiva.

La Ley será para obedecer el resultado de la consulta colectiva como manda la Constitución Política, que en criterio de Gobierno puede ser a nivel interdepartamental, intermunicipal o simplemente entre las comunidades territorialmente focalizadas en este espacio del TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure)", indicó en conferencia de prensa. Agregó que la norma propuesta debería tener la "virtud" que se ha ido buscando desde el inicio de la movilización, que es la preservación del medio ambiente y el impedir nuevos asentamientos en ese espacio territorial. "En ese sentido las decisiones más variables de este pedazo de terreno de articulación caminera va a ser el debate y la consulta", sostuvo. Al respecto Martínez recordó que los gobiernos tradicionales, "jamás" habían consultado para ejecutar la construcción de ninguna carretera, a diferencia del gobierno de Evo Morales, por lo que saludó la voluntad política del Gobierno, tras haber ratificado el reencauce al diálogo con los indígenas del TIPNIS. "La voluntad ratificada por parte del Gobierno va a buscar el enlace del diálogo para buscar determinaciones definitivas sobre el tema", sostuvo. Por su parte, el diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizú, dijo que al trabajar en la elaboración de la Ley, en cuanto a la prohibición de los asentamientos, si es necesario penalizarlos, se los hará. "Si es necesario penalizar los asentamientos se lo va hacer y para ello se tiene que discutir argumentos legales para no permitirlo, para lo que incluso se puede instalar bases militares conociendo el lugar", señaló. Manifestó que esos puntos fueron tomados en cuenta por petición de los propios indígenas de la región, ya que requieren la presencia del Estado en cuanta a salud y educación. A su turno, el senador oficialista Eugenio Rojas manifestó que el proyecto de la Ley Corta debería trabajarse juntamente con los indígenas involucrados en el conflicto para que no exista un tipo de "individualidad" en la elaboración de la norma.