La Red Contra le Racismo, la Discriminación y la Impunidad se pronuncia contra la violencia hacía indígenas en la intervención policial, considerando inaceptable el uso de la fuerza frente a demnads sociales y demandando responsailidad política con el proceso de cambio.

La Red contra el Racismo expresa su condena por la violenta intervención policial producida ayer, en inmediaciones de Yucumo, Beni, contra una marcha indígena que protestaba por los anuncios de construir el II tramo de una carretera por el corazón del Territorio Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La decisión del Estado de recurrir a la fuerza en cualquier circunstancia, frente a las demandas sociales, económicas, políticas y culturales de cualquier sector, es absolutamente inaceptable porque viola los Derechos Humanos y genera violencia en escalada que afecta sobre todo a los niños y mujeres, los más vulnerables en la marcha. También deploramos los abusos cometidos contra el canciller, David Choquehuanca, el sábado 24, por parte de algunos instigadores de la marcha que lo pusieron de escudo humano y lo obligaron a marchar en contra de su voluntad, pero hay que decir que esta situación es el resultado de un conflicto de 41 días que no fue adecuadamente abordado en su inicio, que fue alargado innecesariamente en medio de un ambiente de confrontación, y manejado equívocamente enviando señales confusas y contradictorias en medio de propuestas de diálogo poco transparente. La demora para solucionar el conflicto por la vía del diálogo ha provocado ciertamente un escenario favorable para el oportunismo político de sectores que históricamente han estado en contra de los indígenas y, más aún, han practicado actos de racismo vulnerando la dignidad y los derechos de estos pueblos, y la acción sistemática y deliberada de grupos interesados desde hace tiempo en interrumpir el actual proceso de cambio. En la marcha y sus justas demandas se han juntado, así, intereses políticos de la derecha, proyectos de liderazgo personal de algunos dirigentes indígenas y de organizaciones que han entorpecido la comprensión del problema del TIPNIS y un debate esclarecedor, pero, en todo caso, la responsabilidad de la agudización del conflicto y su resultado violento es responsabilidad del Estado y del gobierno que no han podido solucionar temprano el conflicto que ha escalado hasta los deplorables sucesos ocurridos este domingo. El gobierno tiene una responsabilidad política y ética que cumplir frente a quienes han dado un apoyo desinteresado al proceso de cambio desde sus inicios como son los pueblos indígenas, los trabajadores, la clase media comprometida, las organizaciones de derechos humanos entre varias otras que trabajan desde hace muchos años por una sociedad más justa. Responsabilidad política porque el proceso de cambio nació con la decisión de los conductores Evo Morales y Alvaro García Linera de transformar el país por la vía democrática devolviendo la dignidad y los derechos de participación y decisión a los millones de excluidos, y ética porque estos cambios se fundamentaron en el compromiso del respeto de los DD.HH personales y colectivos. Pedimos que el gobierno inicie cuanto antes un proceso de reflexión autocrítico en torno a las actitudes de algunos colaboradores y ministros que vulneran el proyecto político y ético de cambio al asumir actitudes de confrontación y hostigamiento contra quienes expresan su oposición a algunas políticas gubernamentales como parte del derecho que tienen todos los bolivianas y las bolivianas a disentir libremente en un proceso democrático. La Red contra el Racismo, integrada por diversos colectivos, personas particulares e instituciones con diversas opciones y posiciones, invoca al presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Alvaro García, a dar señales claras de un cambio en la dirección y gestión ministerial con mayor vocación tanto para el diálogo y el respeto de los Derechos Humanos personales y colectivos así como a la disidencia, tal como lo declara la Constitución Política del Estado, apoyada por la mayoría de la población. La Red contra el Racismo, reunida en su III Encuentro Nacional, en la ciudad de Sucre, se pronuncia por la necesidad de que se creen condiciones para el diálogo y demanda del gobierno medidas concretas como la aprobación de una Ley de Consulta para que las políticas e iniciativas que se quieran desarrollar desde el Estado sean, primero, consultadas y apoyadas por los sectores involucrados en los temas que se tratan.