La Coordinadora de la Mujer emite un comunicado rechazando los actos violentos contra hombres, mujeres y niños en la intervención injusta y violenta realizada el 25 de septiembre

El proceso de cambio en Bolivia, es resultado de las luchas y movilizaciones de diferentes movimientos sociales y de mujeres, del que somos parte activa en la perspectiva de avanzar en la transformación de las estructuras patriarcales y coloniales del Estado Boliviano y con el cual estamos profundamente comprometidas/os. La VIII Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido violentamente intervenida el día de ayer, mediante el uso indiscriminado de la fuerza y gases lacrimógenos contra niños, niñas, mujeres y hombres, obligando a los/las marchistas a introducirse en el monte huyendo de la represión policial, por lo que varios niños y niñas se encuentran desaparecidos; los/as marchistas fueron forzados a abordar buses con destino desconocido, iniciándose además una persecución a los dirigentes/as a nivel nacional. Frente a estos acontecimientos, las instituciones de la Coordinadora de la Mujer abajo firmantes: - Rechazamos y condenamos la violenta intervención y represión de la VIII Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte del Gobierno Nacional y demandamos el cese inmediato de la violencia. - Exigimos respeto a los Derechos Humanos y a los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario reconocidos en la CPE y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Boliviano. - Demandamos la restitución de las garantías constitucionales, la inmediata libertad de las/os detenidos/as; garantías para la integridad y seguridad de los/as marchistas, identificación del destino y paradero de los buses que los trasladan contra su voluntad; la interrupción de la persecución de los dirigentes/as, la búsqueda inmediata de niños y niñas desaparecidos en el monte. - Exigimos el cumplimiento de la CPE y la sanción de los responsables, según el artículo 114 parágrafo 1 que establece que “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las y los servidoras y servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas, destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”. - Exigimos responsabilidad del gobierno nacional para plantear alternativas claras para la resolución del conflicto, donde se priorice el diálogo antes que el uso de la fuerza, sin poner en riesgo la vida, la convivencia entre bolivianos y bolivianas, la democracia y el proceso de cambio que asumimos como propio. - Rechazamos cualquier intento de sectores y partidos y en particular los de derecha que de manera oportunista pretenden utilizar este conflicto a favor de sus intereses particulares, que nunca antes estuvieron cercanos, ni asumieron la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de la madre tierra. Frente al amedrentamiento y persecución de los que somos objeto las ONG, y de la intención de vincularnos con un proyecto político de derecha, ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, de organizaciones y movimientos sociales. Asimismo, en el marco de la transparencia, ante al pueblo boliviano y el Estado estamos prestas a rendir cuentas sobre el manejo de los recursos que utilizamos y sobre nuestro trabajo.