El derecho a la consulta fue instituido en 1991, en un “Gobierno neoliberal”. Desde esa época datan las diferencias entre la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) y la Confederación de Pueblos Indígenas (CIDOB), según el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque

Por un lado, están los sectores campesino y de colonizadores que la mayor de las veces tuvieron una actitud crítica ante las leyes de los anteriores gobiernos. Durante más de 10 años, dice, rechazó la Ley de Tierras, que perjudicó a sus bases, que no obtuvo títulos para las pequeñas parcelas que tenían ni ingresaron al saneamiento, como tampoco pudieron acceder a la dotación de tierras fiscales. El otro sector, de los indígenas de las tierras bajas, por el contrario, ha sido más pragmático y ha avanzado en la titulación de sus tierras. Hoy, el sector o la dirigencia campesina critica a las TCO como instituciones que evitan el acceso a tierras por parte de los campesinos. Por esta razón, desde el sector campesino surge la acusación de que las TCO son una suerte de latifundios en manos de pocos. Por otro lado, el Estado también tiene su responsabilidad en el no acceso a la tierra, pues no llevó adelante política de tierras favorable para ambos sectores. Se avanzó con la titulación sin una política de asentamientos humanos y de distribución de tierras fiscales.