El conductor que sea sorprendido en estado de ebriedad, se le suspenderá definitivamente su licencia, al mismo tiempo el dueño del vehículo también será suspendido así como toda la línea, porque todos tienen responsabilidades.

El diputado Javier Santibáñez, presidente en ejercicio de la Comisión de Economía Plural, informó ayer que el proyecto de Ley General de Transportes incluye drásticas sanciones para los infractores, principalmente para conductores en estado de ebriedad, en aras de preservar la vida de los bolivianos. “Esta ley es muy dura de acuerdo al Decreto 420, son sanciones muy duras porque son temas de seguridad, a un conductor en estado de ebriedad se le suspende definitivamente su licencia, pero al mismo tiempo el dueño del vehículo es suspendido y toda la línea porque todos tienen responsabilidades, ya que no se cumplieron los controles adecuados, esto en aras de preservar la vida”, sostuvo. Santibáñez dijo que otro de los aspectos que se tomó en cuenta en la norma para preservar la seguridad de los usuarios y conductores es el uso obligatorio del cinturón de seguridad, también el uso de cascos de seguridad para los mototaxistas, tanto para el conductor como para el pasajero, y así también la revisión técnica vehicular que estará a cargo de una entidad especializada, tanto para el servicio público como privado. Asimismo, dijo que la propuesta señala las competencias del Gobierno central, departamental y municipal en cuanto a normar, regular, fiscalizar sancionar y fijar las tarifas del transporte público. “En esta ley estamos indicando que de acuerdo a parámetros socioeconómicos, principios de solidaridad, principios técnicos, deficiencia en la calidad del servicio, de acuerdo a esos parámetros que va a fijar el nivel central los gobiernos municipales tienen que fijar las tarifas de acuerdo a una norma específica”, indicó. Santibáñez resaltó el consenso realizado entre todos los sectores con el Legislativo para elaborar la norma que por primera vez Bolivia será integrada a la legislación. “Nosotros hemos previsto que no iba a haber mucho debate porque ya lo hicimos con los diferentes sectores, hemos estado debatiendo durante muchos días, hemos buscado que haya un equilibrio”, aseguró. La norma fue aprobada conforme al mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aprobada en julio del año pasado, que establece la obligatoriedad de aprobar cuatro leyes relacionadas al ámbito de implementación de la nueva estructura de organización territorial del Estado boliviano, en el plazo máximo de un año. Entre los proyectos se encuentra la Ley General del Transporte, La Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Clasificación, Definición y Regulación de Impuestos, y la Ley de la Revolución Productiva; que ya fueron aprobadas.