La Ley de Juicio de Responsabilidades, aprobada ayer en la Cámara Baja, no juzgará delitos de corrupción pública, afirmó la jefa de la bancada de diputados del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado.

La asambleísta, en entrevista concedida a la Red Erbol, dijo que el tema de la corrupción no está consignado en la nueva norma como un delito a ser juzgado en un juicio de privilegio, sino que para este tema existe la ley anticorrupción que sanciona este ilícito. Indicó que en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, que será debatida hoy en la Cámara Baja, está previsto el juzgamiento en rebeldía cuando se trata de hechos de enriquecimiento ilícito y otros, por lo que se decidió eliminar de la Ley de Juicio de Responsabilidades los procesos en ausencia del imputado. Delgado afirmó que uno de los puntos centrales de la Ley de Responsabilidades es dar continuidad a todos los juicios contra ex dignatarios de Estado, que en este momento están estancados en la Asamblea Legislativa. Otro tema importante, agregó, es la diferenciación que se hace de los delitos en el ejercicio de funciones del Presidente, Vicepresidente y otras altas autoridades, de los ilícitos comunes, que no serán procesados en un juicio de privilegio, sino por la vía ordinaria. El informe concluyó su tratamiento en las instancias en grande y en detalle el pasado viernes y fue presentado ese mismo día a la Presidencia de Diputados, informó la presidenta de la Comisión de Justicia, Cecilia Ayllón. Este proyecto de ley contiene 4 capítulos y 38 artículos, de los que dos artículos merecieron mayor debate, uno referido al tema de la rebeldía y el otro al de la infidencia económica. "Es importante señalar que las modificaciones que se han realizado básicamente son de forma y no de fondo, en realidad no hubo modificación sustancial alguna", remarcó. Durante el tratamiento de esta Ley, en esta Comisión, a pedido expreso de los familiares del extinto líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, se excluyó este nombre del proyecto y quedó sólo como, proyecto de ley "Lucha anticorrupción, enriquecimiento licito e investigación de fortunas".