El proyecto de ley fue presentado por el Ministro de Gobierno el 25 de febrero y tinene por objeto celeridad y efectividad a la acción de la justicia ante la comisión de delitos

Permite mayor participación de la víctima en el proceso penal. Se garantiza, a diferencia de lo que sucede actualmente, que la víctima sea asistida con un abogado proporcionado por el Estado. Establece un proceso especial en casos de delitos flagrantes como una forma de descongestionar la labor del Ministerio Público. Pretende que algunos casos la detención preventiva sea aplicada de oficio por el juez competente. Plantea disponer de bienes incautados, antes de la conclusión del proceso y recaer sobre todo el patrimonio del imputado, incluyendo la retención de sus cuentas bancarias. También se endurecen las sanciones penales contra jueces que incurran en delitos de prevaricato o resoluciones contrarias a la ley, y cohecho o solicitud de coimas para favorecer a una de las partes. Así como el endurecimiento de otros tipos penales. Finalmente establece que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional existente deja de tener carácter vinculante para las decisiones de las autoridades judiciales