Jaime Martínez Jiménez, el principal sospechoso del presunto asesinato de dos jóvenes franceses en agosto de 2010 en Guayaramerín, fue sentenciado el jueves a 30 años de prisión sin indulto por este crimen. Esta sentencia llega luego de un largo proceso, en el que los padres de esta pareja de franceses (que se presume fueron asesinados en medio de un intento de violación en la hacienda de Martínez) lucharon contra viento y marea para que se haga justicia.

Fueron muchos los jueces y fiscales que se excusaron para no dictar sentencia, y muchas más las chicanearías empleadas por los abogados defensores para librar a sus clientes de la cárcel. No obstante, los padres de la pareja nunca claudicaron y afortunadamente contaron con el apoyo de su Embajada, una de las más influyentes del planeta, que consiguió interesar al Canciller boliviano, quien a su vez logró comprometer la participación de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia para la resolución del caso. A pesar de ello, los otros tres sospechosos fueron absueltos, pese a que el principal testigo, cuyo testimonio fue clave para resolver el caso, los sindicó de haber participado en el crimen y en la desaparición de los cuerpos. Es una lástima que la justicia llegue a medias, y que lo haga solamente cuando la influencia de los familiares de las víctimas es mayor que la de los implicados.