La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que delibera en la ciudad colombiana de Medellín, comenzó ayer a estudiar el caso de la familia peruana Pacheco Tineo, cuyos miembros supuestamente recibieron un trato vejatorio al solicitar el estatuto de refugiados en Bolivia.

Los siete jueces de este tribunal, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), escucharon ayer a las supuestas víctimas, a los esposos Rumaldo Juan Pacheco y su esposa Fredesvinda Tineo. Preguntados por sus representantes y por los del Estado boliviano, la pareja relató que abandonó Perú en 1991 y se mudó al país vecino, donde al cabo de 10 años fueron de nuevo trasladados a Lima. La pareja expresó su malestar por el trato que les dieron los servicios de migración bolivianos e incluso se quejó de que durante el trámite de rechazo del estatus de refugiados no les garantizaran la protección judicial y humanitaria a sus tres hijos menores. Pacheco explicó que un incidente jurídico con el Gobierno del entonces presidente peruano Alberto Fujimori derivó en una orden de captura en su contra. “Por esta situación, en 1991 ingresé a Bolivia, con algunos documentos y solicité refugio, y fuimos admitidos en 1996, pero nunca se nos hizo entrega de esa resolución. Desde que ingresamos a Bolivia no tuvimos ningún apoyo, siempre nos sentimos como encarcelados, pero en una gran ciudad”, relató Pacheco. Y agregó: “Ante condiciones precarias y hostiles que tuvimos que vivir con mi familia decidimos abandonar el país, y la única salida era renunciar de forma voluntaria a ese refugio que nos habían dado”. Pacheco aseguró que no podía volver a Perú porque la orden de captura seguía en pie, por lo que se desplazaron a Chile, donde fueron recibidos e incluso nació su último hijo. Tras las insistentes acusaciones de la familia sobre los malos tratos recibidos por Juan Carlos Molina, un funcionario del servicio de Migración de Bolivia, los representantes preguntaron, quién negó la versión de los peruanos. Molina dijo que nunca los maltrató, aunque confirmó que fueron expulsados porque entraron como ilegales a Bolivia. Tras escuchar a los representantes de las supuestas víctimas y los del Estado, la CorteIDH hoy escuchará los alegatos respectivos de parte y parte, para luego emitir una sentencia final. Preocupación por retiro de la CIDH Opositores y activistas del país expresaron ayer su preocupación y rechazo al anuncio del presidente Evo Morales de que su Gobierno analiza la posibilidad de retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El anuncio de Morales coincide con el debate de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, que tiene dos órganos, la CIDH y la Corte Intermaricana de Derechos Humanos (CorteIDH), impulsadas por la ALBA. La senadora de Convergencia Nacional, Centa Rek, dijo a Efe que la intención de Morales sería “algo inadmisible” y criticó que haga estas declaraciones en momentos en que, según la opositora, “tiene bastantes denuncias”, sobre todo por su conflicto con los indígenas del Tipnis. “La voluntad de retirarse de la CIDH nos mostraría que el régimen se declara autoritario y todo régimen autoritario no quiere control ni ningún tipo de observación interna, menos externa, para actuar discrecionalmente”, dijo Rek. El dirigente del Movimiento sin Miedo (MSM) Edwin Herrera calificó de “aberración” el anuncio gubernamental y consideró que los argumentos del Mandatario para el eventual retiro boliviano de la CIDH son “inconsistentes” y contradictorios, Herrera recordó que, en su momento, esa entidad emitió resoluciones en defensa de los productores de hoja de coca.