“Régimen Penitenciario trabaja en un proyecto de ley de reducción de penas, para presentarlo muy pronto a la asamblea legislativa”, informó su director Ramiro Llanos. El proyecto de ley básicamente busca que los beneficios penitenciarios pasen al Régimen Penitenciario, acotó.

Ya en el año 2006 se empezó un trabajo en una Ley de Ejecución de Penas junto a la Ley de Régimen, Sustancias Controladas y Coca, 1.008. En aquella oportunidad, y en ocasiones repetidas, el presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, optó por emitir una resolución que determina la postergación del tratamiento de este tema. Asimismo, el Vicepresidente dijo que se comunicó que se iniciaría un tratamiento de una modificación global y completa del sistema de seguridad ciudadana junto al sistema carcelario en el país. Siendo la primera mencionada que ya se ejecutó y la segunda se encuentra en un proceso intermedio. “La insuficiencia de políticas claras destinadas a la población carcelaria y la retardación de justicia en los procesos penales, origina hacinamiento e inseguridad dentro de los recintos carcelarios, lo que demanda establecer políticas claras en materia penitenciaria” afirmó Llanos. Llanos explicó, que “este tipo de propuestas forman parte, de lo que él llama, trabajo legislativo para potenciar la labor de administración de cárceles con normas y leyes que beneficien al sistema carcelario”. En su momento el proyecto de Ejecución de Penas y Supervisión contemplaba un conjunto de reformas, entre las cuales se observaba que la administración de las penas de los reos sería responsabilidad del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Actualmente, el sistema de impartición de justicia establece que en la cadena de quienes intervienen en este proceso está que el policía —autoridad municipal o estatal— que detienen a los presuntos delincuentes; el Ministerio Público —la Procuraduría General de Justicia del Estado— integra la averiguación; después son los jueces —el Poder Judicial— el que determina la culpabilidad del delincuente —en caso de ser el caso—. En ese sentido, el proyecto de ley, que está siendo elaborado por Régimen Penitenciario, busca que todos los beneficios penitenciarios dependan del Régimen Penitenciario para determinar si a los presos se les condona o sanciona. El Régimen Penitenciario tendrá en sus manos la facultad de determinar si los reos son susceptibles de reducción de penas.