Un grupo de 47 personas con discapacidad inició, hace nueve días, una marcha desde Trinidad, para exigir la aprobación de la Ley de Trato Preferente que les permitirá jubilarse a los 45 años, inserción laboral, descuentos en servicios públicos y un bono.

“Si la norma no se aprueba hasta el 15 de diciembre, todo el proceso quedará en fojas cero”, dijo ayer Jaime Estívariz, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad y diputado por Convergencia Nacional (CN). La marcha pretende llegar a la sede de gobierno y presionar para que dicha ley se apruebe antes de la fecha precisada. De lo contrario, los movilizados presentarán denuncias a nivel internacional. “Si no hay la aprobación, la marcha continuará hasta Chile y Perú”, dijo el asambleísta opositor. Una vez en Chile se presentará una denuncia ante la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad, agregó. La Ley del Trato Preferente para las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Comisión de Política Social y remitida a la presidencia de la Cámara Baja, para que sea incluida en la agenda legislativa, pero el documento fue rechazado en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. La caravana partió de Trinidad el 15 de noviembre con 22 personas, a las que se sumaron 25 en el trayecto, haciendo un total de 47 FONDOS. Estívariz denunció que el Gobierno desvió los fondos destinados a este sector desde 2009. “Nos confiscaron los recursos económicos que ya fueron dados por parte de los partidos políticos a las personas con discapacidad (con la suspensión de la subvención para las campañas políticas). Se trata de Bs 40 millones por año y ya son tres años que no nos entregan estos recursos, estamos hablando de Bs 120 millones”, aseveró. La Razón intentó ayer contactar a alguna autoridad del Ministerio de Justicia para abordar el tema, pero no logró respuesta. Sin embargo, el Gobierno aseguró, en reiteradas oportunidades, que ese dinero no podía ser destinado a un bono y que sería invertido en centros de rehabilitación y otros proyectos para el sector. Sonia Mujica, presidenta de la Federación de Personas con Discapacidad de La Paz, quien encabeza una vigilia en el atrio de la iglesia de San Francisco, manifestó que la medida se mantendrá “hasta que llegue a esta ciudad la caravana de sillas de ruedas”. Añadió que las personas con discapacidad son discriminadas de manera permanente. “Apenas que nos ven con silla de ruedas o con bastones o muletas se escapan las movilidades (taxis, micros y minibuses). No nos quieren recoger, por eso exigimos la aprobación de esta ley”. Según la dirigente, hasta julio de 2011 existían 38.571 personas calificadas, 33.277 registradas y 23.408 carnetizadas. El proyecto de ley posee cuatro pilares: jubilación de las personas con discapacidad a los 45 años; inclusión laboral en entidades públicas y privadas (10% de los cargos en su favor); descuentos del 50% en tarifas de luz, agua, impuestos y transporte; y el bono dignidad de Bs 3.000 para 25 mil personas con discapacidad severa. “El bono no es para todos, los que podemos trabajar exigimos que no den una fuente laboral, incentivo a la creación de microempresas, las personas con discapacidad no somos sujeto de crédito”, reclamó Estívariz.