En el día de la mujer boliviana, 11 de octubre; la violencia en razón de género, la discriminación y pobreza continúan siendo problemáticas que afectan a esta población. A nivel nacional, datos del Instituto Nacional de Estadista (INE) señalan que ocho de cada diez mujeres han sufrido alguna vez en su vida violencia, mientras que investigaciones del Centro de Capacitación de la Mujer “Gregoria Apaza” indican que diez de cada diez fueron o son víctimas de golpes, insultos u otras formas de agresión.

A decir de la directora ejecutiva de esa institución, Cecilia Enríquez, el municipio de El Alto, por factores como el consumo de alcohol, presenta más hechos de violencia en razón de género, también es la ciudad en la que los índices de muertes violentas de mujeres son más elevados. Estimaciones indican que en promedio cada mes se realizan nueve levantamientos de cadáveres de adolescentes, novias o concubinas. “Se sabe que cada mes en la ciudad de El Alto nueve mujeres son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres (…) La violencia no tiene justificación, el alcohol no justifica la violencia, la situación de pobreza tampoco la justifica. La violencia es producto de un sistema ‘patriarcal’, siento yo que es una práctica que se ha venido aplicando, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años”, sentenció. Según el análisis de las denominadas “Gregorias”, siete de cada diez mujeres en la urbe alteña son víctimas de violencia física (patadas, empujones, puñetes, entre otros); mientras que tres de cada diez sufren insultos, gritos y acoso. Todas estas situaciones, de acuerdo con la activista, ocasionan una baja autoestima entre la población femenina, afectando principalmente a indígenas. Al respecto, la titular del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Mary Marca, señaló que ‘la violencia no discrimina’, debido a que los indicadores recabados por ese organismo determinaron que las mujeres que son víctimas de feminicidio no son solo de clase media y baja, sino también alta, aunque estos casos son menos visibilizados. “Hay practicas tan esclavizadoras que las mujeres deciden denunciar a las instancias (correspondientes) para que protejan sus derechos y a veces estas instancias no resuelven el problema y la mujer vuelve con sus pies a la casa, aguantando la violencia y terminando con su vida con el feminicidio”, denunció. Datos oficiales señalan que en Bolivia por cada 100 mujeres 87 sufren violencia, el 21% de los casos tiene como victimas jóvenes entre 20 y 24 años, en el 64 por ciento la pareja es el escenario de abusos, el resto de los hechos violentos tiene a extraños como agresores. Cifras negativas Información de la Brigada de Protección a la Familia señala que en las principales ciudades de Bolivia (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) se registran entre 30 a 40 casos de violencia en contra de las mujeres al día. Los datos policiales indican que durante los primeros tres meses de 2011, solo en la urbe alteña, se conocieron 1.281 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.251 tuvieron como victimas a mujeres. En contraparte, investigaciones realizadas la Organización de Naciones Unidas (ONU), establecieron en 2009 que una de cada cinco bolivianas sufrió una violación o un intento de violación a lo largo de su vida, mientras que una de cada tres denunció maltrato. El informe detalla también, que sólo el 5% de los maltratos familiares son denunciados, es decir, sólo se denuncia el hecho cuando este es brutal o muy reiterado. Asimismo, el 73 por ciento de los casos, ocurre dentro de sus hogares con graves consecuencias sobre su salud física y emocional. Estadísticas oficiales del INE detallan que durante julio y diciembre de 2009, en Bolivia se registraron un promedio de 11 casos nuevos de violencia por hora, 87 por día y 2.169 por mes, alcanzando una cifra semestral que supera las 13.013 denuncias. Incumplimiento de la norma En 1995 se aprobó la Ley 1674 contra la violencia en la familia, posterior a esta norma, mediante Decreto Supremo numero 25087, se aprobó la modificación de la ley Orgánica de Municipalidades, disponiendo la incorporación obligatoria en cada Gobierno Municipal de por lo menos un Servicio Legal Integral (SLIM). Actualmente, en Bolivia solo 74 de los 337 municipios que existen en el país (sin contar dos de reciente creación) cuentan con este servicio, aspecto que determina que muchas mujeres que son agredidas no tengan donde acudir.