En las Américas, solo un Estado ha reconocido la ocurrencia de la mutilación genital femenina. Sin embargo, los datos disponibles indican que las mujeres indígenas en algunos países de Suramérica, así como mujeres en contexto de movilidad humana en Norteamérica, están expuestas a esa práctica desde las primeras etapas de su vida. Además, también se han presentado en contextos de violencia extrema, como en situaciones de tortura y agresiones sexuales.

11 de marzo de 2026

Washington, DC—En el Día Internacional de las Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los Estados a adoptar medidas concretas e integrales para erradicar la mutilación genital femenina. La prevención constituye un elemento esencial en esta labor y debe articularse con un enfoque intercultural y de género para la transformación de los patrones socioculturales que fundamentan la persistencia de esta práctica.

En las Américas, solo un Estado ha reconocido la ocurrencia de la mutilación genital femenina. Sin embargo, los datos disponibles indican que las mujeres indígenas en algunos países de Suramérica, así como mujeres en contexto de movilidad humana en Norteamérica, están expuestas a esa práctica desde las primeras etapas de su vida. Además, también se han presentado en contextos de violencia extrema, como en situaciones de tortura y agresiones sexuales.

La práctica de mutilación femenina es nociva y está orientada al control de la sexualidad de las mujeres que se sustenta en creencias erróneas sobre sus cuerpos y en estereotipos de género discriminatorios. Genera graves consecuencias para la integridad física y psicológica de quienes la sobreviven, con efectos que pueden perdurar a lo largo de toda su vida e incluso provocar la muerte. Asimismo, suele realizarse bajo ocultamiento y fuertes presiones sociales, lo que dificulta su detección, limita el acceso a mecanismos de protección y obstaculiza la recolección de datos.

De conformidad con la Convención de Belém do Pará, los Estados tienen la obligación de eliminar todas las formas de discriminación y de modificar los patrones socioculturales de conducta que perpetúan la mutilación genital, a fin de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y violencia. Al mismo tiempo, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados deben asegurar que ninguna persona sea sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La eliminación de esta práctica exige un abordaje integral que, para ser efectivo, debe priorizar la prevención con pertinencia cultural. En ese sentido, la CIDH insta a los Estados a promover espacios de diálogo con autoridades locales y comunitarias, tanto hombres como mujeres, con el fin de impulsar procesos educativos que contribuyan a la transformación sociocultural en los contextos en donde esta práctica persiste.

Asimismo, con el fin de garantizar la provisión de servicios de atención integral para las sobrevivientes de la mutilación genital, la CIDH urge a los Estados a fortalecer los marcos normativos y políticas públicas de combate a la violencia contra las mujeres. Ello, mediante la incorporación de protocolos de detección temprana con enfoque intercultural y de género, así como la asignación de presupuestos sostenibles.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

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