La Declaración Conjunta 2024 sobre Crisis climática y libertad de expresión resalta el elevado riesgo al que se enfrentan periodistas, los defensores del medio ambiente u otros defensores de derechos humanos, por su labor al exponer los daños medioambientales y movilizar a la gente para que presione a favor de la acción frente a la crisis climática.

BANJUL/GINEBRA/VIENA/WASHINGTON D.C. (3 de mayo de 2024) - Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, durante la Conferencia Mundial organizada por la UNESCO en Santiago de Chile, los titulares de mandatos* sobre libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) emitieron una Declaración Conjunta sobre la Crisis Climática y la Libertad de Expresión:

“Los Estados deben garantizar un debate informado, inclusivo y abierto, así como el acceso a la información sobre la crisis climática, que está poniendo en peligro la biodiversidad del planeta y amenazando nuestra seguridad común”, afirmaron los titulares de mandatos internacionales sobre libertad de expresión.

La Declaración Conjunta 2024 sobre Crisis climática y libertad de expresión resalta el elevado riesgo al que se enfrentan periodistas, los defensores del medio ambiente u otros defensores de derechos humanos, por su labor al exponer los daños medioambientales y movilizar a la gente para que presione a favor de la acción frente a la crisis climática. Hace un llamado a los Estados y a las empresas a tomar medidas concretas para asegurar los derechos a la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, y la libertad de asociación y de reunión pacífica.

“Condenamos la censura de los debates medioambientales y climáticos en línea y fuera de línea, la represión de las protestas pacíficas, los asesinatos, arrestos, detenciones arbitrarias y procesamientos de periodistas y defensores del medio ambiente y de otros derechos humanos, y las demandas estratégicas contra la participación pública, iniciados por autoridades públicas y actores privados para intimidar y silenciar las voces críticas”, afirmaron los titulares de mandatos.

“Instamos a los Estados a proteger a periodistas y defensores del medio ambiente y de otros derechos humanos, abordando la impunidad de los delitos cometidos contra estas personas, estableciendo mecanismos de protección efectivos, y adoptando medidas contra el acoso judicial”, afirman los titulares de mandatos. La Declaración Conjunta hace un llamado a los Estados a que promuevan la transparencia proporcionando información de forma proactiva para facilitar el debate público y la toma de decisiones informadas sobre cuestiones medioambientales y climáticas.

“Los Estados deben priorizar leyes, políticas y programas para crear un entorno donde voces diversas –incluidas las de periodistas, defensores del medio ambiente y, muy especialmente, las voces de las comunidades más afectadas por la crisis climática– puedan contribuir a un discurso público vibrante sobre la crisis climática”, afirmaron.

“Para que el diálogo sea verdaderamente integral y sustancial, se debe brindar más apoyo a la cobertura periodística independiente sobre asuntos medioambientales en zonas remotas, afectadas por el cambio climático pero que no cuentan con una presencia o cobertura adecuada en los medios de comunicación”, añadieron.

Los titulares de los mandatos sobre libertad de expresión señalaron que la desinformación y la información errónea (misinformation) pueden socavar la confianza pública y obstaculizar la participación efectiva y la toma de decisiones sobre la crisis climática.

“Pedimos a los Estados, las empresas, las plataformas digitales y los medios de comunicación que se abstengan de crear o difundir información falsa o engañosa, y que mitiguen los riesgos de la desinformación adoptando todas las medidas dentro de su competencia para fomentar un ecosistema informativo sano, seguro y diverso”.

“Las empresas deben divulgar información detallada sobre el impacto medioambiental y social de sus operaciones de acuerdo con los estándares internacionales, y participar en consultas significativas con las comunidades directamente afectadas por sus operaciones”.

“Todas las empresas, incluidas las plataformas digitales y los medios de comunicación, deben cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos”, subrayaron.

FIN

Para consultar la Declaración Conjunta 2024 sobre la Crisis Climática y la Libertad de Expresión, haga clic aquí.

*Los titulares de mandatos sobre libertad de expresión: Irene Khan, Relatora Especial de la ONU para la Protección y Promoción de la Libertad de Opinión y Expresión; Teresa Ribeiro, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión; Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo, Relatora Especial de la CADHP para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. R088/24

10:35 AM