La violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados adopten, con urgencia, medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

25 de enero de 2024

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante las muertes violentas de personas trans y de género diverso de las que se ha tenido conocimiento durante 2023 e inicios de 2024 en la región. La violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados adopten, con urgencia, medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

Según datos de sociedad civil, en Ecuador, hasta junio de 2023 se registraban por lo menos 6 asesinatos de mujeres trans. En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se documentaron al menos 98 personas trans asesinadas. En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero más de 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans, por parte de un particular quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina; y en octubre una adolescente trans migrante colombiana de 16 años, fue asesinada en la ciudad de Santiago. En noviembre, entre el día el 8 y 11 la CIDH recibió informaciones sobre 2 asesinatos de mujeres trans en Honduras, y de otras 2 en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTI defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial; así como la muerte de Ociel Baena, Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes en México, en 2023. En lo que va de 2024, se han monitoreado al menos 5 muertes violentas y 2 agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran: Miriam Ríos Ríos, Comisionada municipal del partido "Movimiento Ciudadano" en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México.

Los anteriores son solo algunos de los casos en los Estados de la región de los cuales la CIDH ha tenido conocimiento durante 2023 y las primeras semanas de 2024 y no representan la totalidad de ellos. En general, continúan siendo preocupantes tanto la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. Según datos del registro global ‘Transrespect vs Transfobia' de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 casos fueron atribuidos a la región.

La CIDH ha considerado que la violencia por prejuicios, en general, se caracteriza por la impunidad, ya que pocos perpetradores son detenidos, procesados o juzgados. La falta de debida diligencia para abordar estos asesinatos y violencias constituye una omisión grave que perpetúa la repetición crónica y la vulnerabilidad de las personas trans, de la diversidad sexual. Los Estados deben investigar todas las violaciones de derechos humanos y, en particular, los hechos violentos en contra de las personas trans y de género diverso incorporando enfoques diferenciados e interseccionales, que respeten su identidad.

Es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género. Entre ellos, la creación de leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia; la capacitación al funcionariado público de los poderes del Estado, y medidas educativas y culturales que acaben con las prácticas discriminatorias que incitan a la violencia. Se subraya la importancia de establecer mecanismos efectivos para monitorear y evaluar el cumplimiento de estas medidas, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia en la protección de los derechos de las personas trans.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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