La violencia de género y la violación de derechos sexuales y reproductivos siguen siendo problemas muy graves. 

El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Los sucesivos gobiernos, tanto bajo la expresidenta interina Jeanine Áñez como bajo el actual presidente Luis Arce, se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de “terrorismo” para la presentación de cargos contra opositores. Las cárceles bolivianas continúan estando hacinadas, con atención sanitaria inadecuada y un uso excesivo de la prisión preventiva.

En marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció las uniones civiles para las parejas del mismo sexo.

En septiembre, un tribunal constató los graves daños que el uso descontrolado del mercurio genera en las comunidades indígenas de la Amazonía y ordenó al gobierno proteger sus derechos.

La violencia de género y la violación de derechos sexuales y reproductivos siguen siendo problemas muy graves. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en numerosas ocasiones Bolivia se puso del lado de los gobiernos represivos y no defendió los derechos de las víctimas.

Independencia judicial y debido proceso

El sistema judicial de Bolivia ha sido históricamente instrumentalizado “dependiendo de los intereses del poder político en turno”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una visita realizada en marzo de 2023. El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política.

En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por terrorismo, un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia. Camacho fue acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo. A octubre de 2023 Camacho permanece en prisión preventiva. Su familia y su abogado alegan que no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece.

La expresidenta Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada. En 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes—delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana—por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019. Áñez no pudo asistir en persona a su propio juicio, dado que los jueces argumentaron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal.

César Apaza, dirigente cocalero, se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2022. Sufrió una embolia cerebral en febrero de 2023. Su familia denunció que las autoridades no le proporcionaban una atención médica adecuada. En julio, la Defensoría del Pueblo dijo que la fiscalía, a petición de la Defensoría, estaba investigando denuncias sobre torturas y otros malos tratos a Apaza por parte de agentes del Estado.

Casi el 50 % de los jueces en Bolivia son “transitorios”, dijo la CIDH en marzo. Alrededor del 80 % de los fiscales también son “transitorios”, según datos de diciembre de 2022 obtenidos por la Fundación Construir, una organización no gubernamental boliviana. Los funcionarios judiciales que carecen de estabilidad en el cargo pueden ser vulnerables a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder.

Los bolivianos tenían previsto votar en 2023 para elegir, a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los jueces de los tribunales superiores y a los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y destituir jueces. En el pasado, el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno. Las elecciones se retrasaron porque, por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos. El mandato de las actuales autoridades judiciales finaliza en enero de 2024; la Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga de los mandatos en caso de que las elecciones no se celebren oportunamente.  

Condiciones de detención

Los centros de detención de Bolivia albergan a tres veces más detenidos de los que permite su capacidad. La población carcelaria creció un 19 % entre 2021 y 2022, ascendiendo a 24.824 personas, según datos oficiales obtenidos por Fundación Construir.

El sistema de justicia de Bolivia hace un uso excesivo de la prisión preventiva, incluyendo contra líderes de oposición. A diciembre de 2022, el 66 % de los detenidos estaban a la espera de un juicio, indicó Fundación Construir.

Justicia por abusos de 2019

A octubre de 2023 nadie había sido juzgado por las 37 muertes en el contexto de las protestas por las elecciones de octubre de 2019, así como por las presuntas torturas y otros abusos cometidos en ese contexto por las fuerzas de seguridad. Un informe de 2021 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo del gobierno con la CIDH, documentó graves falencias en las investigaciones de los abusos.

Libertad de expresión y acceso a la información

Página Siete, uno de los principales periódicos de Bolivia, cerró en junio. Su presidente acusó al gobierno de bloquear la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado y de presionar a empresas privadas para que no publiquen sus avisos en Página Siete, así como de imponer auditorías y multas arbitrarias que mermaron los ingresos del diario. En marzo, la CIDH había expresado su preocupación por la forma en que el gobierno asignaba la pauta publicitaria por parte del Estado. Bolivia carece de regulación al respecto.

Bolivia tampoco cuenta con una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución.

Medioambiente y derechos indígenas

Un estudio de junio de 2023 halló, a partir de muestras de cabello, que tres cuartas partes de los miembros de 36 comunidades indígenas de la Amazonía presentaban niveles de mercurio que casi duplicaban el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una exposición tan peligrosa al mercurio puede causar daños muy graves a las personas, especialmente a niños y niñas, y podría provocar trastornos de salud de por vida. En dosis elevadas, la exposición al mercurio puede ser letal. Las comunidades más afectadas consumían pescado obtenido río abajo de zonas en las que hay extracción de oro con uso del mercurio.

En septiembre, un tribunal reconoció el daño causado a estas comunidades indígenas y ordenó al gobierno tomar medidas para protegerlas y respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que las afecten.

En 2016, Bolivia ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que obliga a los Estados a proteger a las personas de los efectos nocivos del mercurio. Sin embargo, el mercurio en Bolivia es ampliamente usado en la minería con poca o ninguna supervisión. El mercurio pasa de contrabando hacia el Perú y otros países que han prohibido importarlo, según funcionarios públicos dijeron a Human Rights Watch. Bolivia fue el segundo mayor importador de mercurio en 2021, después de la India, según datos del Banco Mundial.

Durante 2023, la empresa estatal boliviana de litio anunció acuerdos con empresas chinas y rusas para la extracción industrial en los vastos yacimientos de litio en el país. Hay poca información pública disponible sobre los términos de los acuerdos y su posible impacto social y medioambiental, lo que genera preocupación a la luz del historial de Bolivia de permitir la minería sin respetar los derechos de las comunidades locales e indígenas.

La deforestación en Bolivia aumentó un 32 % de 2021 a 2022 y alcanzó niveles récord, impulsada principalmente por la expansión del cultivo de soja, informó el World Resources Institute, una organización no gubernamental de investigación. Únicamente Brasil y la República Democrática del Congo superaron a Bolivia en pérdida de bosques primarios tropicales en términos absolutos en ese período.

En 2019, Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú, que regula el acceso a la información y la participación pública en asuntos medioambientales y la protección de los defensores ambientales. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han hecho muy poco por implementarlo.

Derechos económicos y sociales

Según datos oficiales, en 2021 alrededor del 36 % de los bolivianos estaban por debajo del umbral nacional de pobreza y el 11 % estaba en situación de pobreza extrema. En 2016, las cifras eran del 42 % y del 19 %, respectivamente. La desigualdad, de acuerdo con el índice de Gini—en el cual cero significa igualdad absoluta y uno desigualdad absoluta—se redujo del 0,6 en 2005 al 0,4 en 2021, según datos oficiales.

Según cifras del gobierno, 724.000 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabajaban en 2019, incluyendo en prostitución, minería y trabajos agrícolas peligrosos, las peores formas de trabajo infantil. En marzo de 2023, en sus observaciones finales tras el informe periódico de Bolivia, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó al país aumentar las inspecciones para eliminar el trabajo de los menores de 14 años, la edad mínima legal para trabajar en Bolivia.

Derechos de mujeres y niñas

Las mujeres y niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia en Bolivia. La fiscalía registró más de 51.000 denuncias de violencia doméstica en 2022, incluyendo 94 feminicidios. Entre enero y septiembre de 2023, hubo 65 feminicidios. La Defensoría del Pueblo denunció el manejo “discrecional” de los casos por tentativa de feminicidio, lo que resulta en la imputación de los presuntos agresores por cargos menos graves.

La legislación boliviana prevé el aborto legal cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. Sin embargo, las mujeres y niñas que intentan obtener abortos legales en dichas circunstancias frecuentemente sufren estigma, maltrato y revictimización.

En marzo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a Bolivia a despenalizar el aborto y a modificar la definición legal de violación, que exige violencia o intimidación y no incluye la falta de consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Orientación sexual e identidad de género

En marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo pública una sentencia en la que reconocía las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, una histórica lucha de activistas bolivianos. El tribunal instó al poder legislativo a modificar la legislación nacional relacionada con los derechos LGBTI para adaptarla a las normas internacionales. El matrimonio entre personas del mismo sexo todavía no es legal en Bolivia.

La sentencia no abordó los derechos de las personas transexuales a contraer uniones civiles, prohibidas por una decisión de 2017 del mismo tribunal. La sentencia de 2017 también denegó sus derechos a la adopción y a ser elegidos para cargos públicos, y limitó sus derechos a mantener la privacidad sobre el género que se les asignó al nacer.

Derechos de las personas con discapacidad

Bolivia no ha armonizado su legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La ley boliviana no reconoce como una forma de discriminación el negar alojamiento razonable a personas con discapacidad. El gobierno no ha tomado medidas efectivas contra la discriminación contra las personas con discapacidad, ni para garantizar su educación inclusiva, accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad jurídica y un nivel de vida adecuado.

Actores internacionales clave

En enero, el gobierno decidió no renovar el mandato de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde diciembre de 2020 había funcionado como una importante entidad independiente de monitoreo de los derechos humanos en el país.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bolivia se opuso al monitoreo de la situación de derechos humanos en ciertos países y no protegió los derechos de víctimas. En 2023 se abstuvo de votar una resolución para prorrogar el mandato del grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua. Votó en contra de renovar los mandatos de un grupo similar para Siria y de los relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en Rusia, en Burundi, en Irán y en Bielorrusia. Bolivia también votó en contra del establecimiento de una misión internacional de determinación de los hechos en Sudán.