La CIDH y la ONU Derechos Humanos reconocen los avances sociales, culturales, políticos jurídicos e institucionales, que se han alcanzado a partir de la adopción de instrumentos de derechos humanos. No obstante, los desafíos persisten, entre ellos se destacan, los altos índices de violencia y homicidios, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, un flagelo que impacta en todo el hemisferio, así como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias en las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) han llevado a cabo un diálogo sobre seguridad y derechos humanos en la región, durante el 188 Período de Sesiones, el pasado 7 de noviembre. En dicho marco y conmemorando el 75 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reafirman los preceptos de este instrumento, así como, los de la Declaración Americana.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos reconocen los avances sociales, culturales, políticos jurídicos e institucionales, que se han alcanzado a partir de la adopción de los mencionados instrumentos de derechos humanos. No obstante, los desafíos persisten, entre ellos se destacan, los altos índices de violencia y homicidios, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, un flagelo que impacta en todo el hemisferio, así como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que la mayoría de los homicidios intencionales en el mundo (37%) se registran en las Américas, aunque menos del 8% de la población mundial vive en la región.

Los Estados tienen la obligación internacional de proteger a las personas de las amenazas que provienen del crimen organizado. Así lo ha reclamado la población de la región, afectada por los continuos hechos de violencia, inclusive generalizada en algunos de los países, sin que dicha obligación estatal se haya cumplido de forma integral.

Los sistemas regionales y universales de protección han emitido varias recomendaciones a los Estados sobre cómo abordar eficazmente los retos que surgen de enfrentar la delincuencia organizada con un enfoque de derechos humanos, las cuales han sido prevalentemente desatendidas.

Por el contrario, siguen existiendo propuestas estatales que niegan o invalidan derechos en nombre de la seguridad y que proponen "acabar de manera definitiva" con el crimen organizado. Estas propuestas utilizan como respuesta el enfoque represivo, el encarcelamiento general, el uso excesivo de la prisión preventiva y el desconocimiento de las garantías judiciales, sin ofrecer oportunidades integrales de reinserción social. Ello impacta en el acceso a una justicia integral que investigue, juzgue, sancione y repare a las víctimas. Si bien podrían parecer eficaces en el corto plazo, dichas propuestas terminan debilitando las instituciones, el balance de poderes y la independencia judicial, incluso la democracia.

Combatir la criminalidad organizada de manera consistente y sostenible sólo puede lograrse con el respeto a los derechos como, el debido proceso, a la defensa y a un juicio imparcial e independiente; así también, los derechos a la vida, prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la libertad de conciencia y religión y nacionalidad. Incluso cuando circunstancias excepcionales obliguen a suspender algunos derechos y garantías, ello debe responder estrictamente a criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad, conforme a los estándares internacionales.

La CIDH y ONU Derechos Humanos subrayan la necesidad de aplicar modelos de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos, que preserven la democracia y el Estado de derecho y combatan el crimen organizado con solidez ética y jurídica. Estos modelos deben atender el enfoque preventivo y abordar factores determinantes con alternativas/oportunidades para aquellas poblaciones históricamente excluidas o discriminadas e impactadas de forma especial por el crimen organizado como niñas, niños, adolescentes y jóvenes; pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas mayores, entre otras.

La CIDH y ONU Derechos Humanos reafirman su voluntad de fortalecer sus esfuerzos para orientar a los Estados de la región en la debida aplicación de las normas y estándares internacionales en la lucha efectiva y sostenible contra la delincuencia, que deben seguir siendo el faro que oriente las acciones estatales para asegurar una seguridad con justicia para las personas que habitan la región.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 267/23

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