El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que “hubo una mejoría general” de los derechos humanos en el 2009, respecto al 2008

La Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó avances en materia de respeto a los derechos humanos, abogó por procesos imparciales en el caso terrorismo y recordó a los ex presidentes que tienen derecho a recusar a jueces que crean que no actúan con imparcialidad. La administración del presidente Evo Morales, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, respondió que el Estado boliviano está comprometido con el respeto a los derechos humanos y, obviamente, al debido proceso para cualquier ciudadano, entre ellos del caso terrorismo. La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó ayer el informe 2009, en el que destaca una “mejoría general” en la situación de los derechos humanos respecto al 2008, pero hace recomendaciones en casos puntuales. pesquisas. Uno de esos casos es la investigación sobre el grupo terrorista liderado por el abatido Eduardo Rózsa. Desde La Paz, el fiscal Marcelo Soza dirige la investigación y, hasta el momento, ordenó detener a nueve personas, entre ellas a un ejecutivo de Cotas y a Zvonko Matkovic, hijo de un ex prefecto y líder empresarial cruceño. El Gobierno, a través del Decreto 138, estableció que La Paz tiene jurisdicción para juzgar el terrorismo, la sedición y el alzamiento armado. La ONU advierte que la norma violaría el principio de “reserva legal”, pues regula tema de procedimiento penal. Bajo estas consideraciones, el organismo internacional “instó a las autoridades bolivianas a investigar con imparcialidad las actividades y conexiones de los imputados en relación con el supuesto grupo terrorista en Santa Cruz, y garantizar el derecho a debido proceso a los detenidos”. Aunque no está en el informe, Racicot también se refirió a los procesos anunciados contra los ex presidentes Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez, Jorge Quiroga y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Los ex mandatarios cuestionaron el hecho de que posiblemente los juzguen ministros de la Suprema nombrados por Morales. “En estos momentos nosotros estamos monitoreando esta situación”, anunció y consideró que los ex mandatarios tienen el derecho a la recusación (exclusión) en caso de que el eventual tribunal que los juzgue esté integrado por ministros designados por el Mandatario. El informe también advierte que “el sistema de justicia continúa sufriendo tráfico de influencias, corrupción y retardación de justicia, que afectan el estado de derecho”. La decana de la Suprema, Beatriz Sandóval, admitió que no existe “independencia”, mientras que su colega, designada por Morales, Ana María Forest, negó esta situación, aunque reconoció que terminar con la corrupción es parte de un proceso. El documento recomienda acelerar procesos por violación a los derechos humanos, como en el caso de la violencia en Porvenir. Sacha destacó que se valora avances en materia social, económica y cultural en el país. Los dos procesos La Fiscalía vinculó a la cúpula política-empresarial cruceña con el grupo de Eduardo Rózsa. Tres ex presidentes y un ex vicepresidente son acusados de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. El oficialismo controla a la justicia, dice el senador Antelo Para el senador opositor por Santa Cruz, Germán Antelo, el Poder Judicial ha sido tomado por el oficialismo, por lo que está en entredicho la independencia de poderes que debe primar en un Estado. “Sabemos que ahora el sistema judicial está en manos del oficialismo. Hablar ahora de independencia es muy difícil, y dudo que las entidades internacionales tengan otro criterio”, expresó. Recordó que la designación de las 18 autoridades judiciales interinas se hizo a sugerencia del Órgano Ejecutivo, y que fue la oposición la que reclamó lo que ahora señala el Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas. El organismo internacional, en su informe sobre derechos humanos 2009, advierte que la justicia “continúa sufriendo del tráfico de influencias, corrupción, falta de independencia y retardación”. El diputado del Movimiento Sin Miedo Javier Zavaleta, por su parte, dijo estar de acuerdo con la crítica al sistema judicial actual, pero explicó que el organismo internacional debe comprender que el país está en un proceso de transición, donde “la justicia está migrando a una nueva estructura establecida en la nueva Constitución”. En diciembre se prevé elegir a las autoridades judiciales.