La Comunidad de Derechos Humanos(CDH)  nació como una articulación público – privada de organizaciones e instituciones que trabajan en derechos humanos para la coordinación de acciones entre sus miembros orientadas a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos de manera tal, que se sumen esfuerzos y recursos en una nueva forma de relacionamiento entre sociedad civil y Estado en democracia. Su constitución, consolidación e institucionalización se remontan al proceso de preparación de la conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1998).

Esta actividad visibilizó la interacción entre organizaciones e instituciones de la sociedad civil y del poder público como una oportunidad para contribuir al fortalecimiento del Estado a partir de una agenda común en materia de derechos humanos posible en un espacio amplio de diálogo y coordinación que sin desconocer ni renunciar a la naturaleza misma de cada uno de sus miembros se convirtiese en el medio para canalizar propuestas e iniciativas compartidas.

El día 5 de febrero de 1999, en acto propiciado por la Comisión de Derechos Humanos, de la H. Cámara de Diputados, se firmó el documento que dio inicio a sus actividades. El año 2004 impulsó la creación del Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos que se convertiría en el espacio oficial de coordinación entre el Estado y las organizaciones de derechos humanos recogiendo la experiencia del trabajo de sus miembros en la CDH.

Actualmente, la composición de la CDH ha cambiado y se constituye en un mecanismo interinstitucional de organizaciones de la sociedad civil que busca incidir en el poder público para generar normas, políticas públicas y prácticas institucionales que reconozcan, respeten y protejan los derechos humanos en su integralidad, en especial de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Una democracia con justicia social e igualdad de género en la que la legislación, las instituciones y el sistema de justicia respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación por ningún motivo, en especial de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población LGBTIQ+.

Somos una organización feminista que, a través de la articulación de la sociedad civil, el desarrollo de capacidades, la generación de evidencia y el uso eficaz de los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, busca incidir en la legislación, las políticas públicas, la institucionalidad y las prácticas estatales para garantizar la vigencia plena de los derechos humanos.

Hemos priorizado en nuestra intervención el trabajo en relación a i) los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ii) el derecho a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia de las víctimas y iii) el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Sus objetivos son:

1. Promover el desarrollo, adopción e implementación de políticas públicas relativas a los Derechos Humanos a partir de procesos de diálogo y concertación entre sociedad civil y poderes públicos.
2. Promover el fortalecimiento y desarrollo de instituciones, instrumentos y mecanismos de protección de los derechos humanos.
3. Potenciar acciones de información, capacitación y formación en Derechos Humanos.

1. Promover espacios de análisis, propuesta, discusión y concertación entre la sociedad civil e instituciones estatales.
2. Fomentar el desarrollo y aprobación de legislación nacional para la protección y vigencia de los Derechos Humanos así como la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos.
3. Contribuir al conocimiento y desarrollo de competencias en derechos humanos dentro de la administración pública para el cumplimiento por parte de los servidores públicos de su rol como garantes de derechos.
4. Organizar, promover y apoyar acciones de información, capacitación y formación para miembros de la Comunidad y otras instituciones de derechos humanos.

La Comunidad de Derechos Humanos desde el inicio de sus actividades ha priorizado el trabajo en tres ejes temáticos, constituyéndose en un referente por su especialización y experiencia, estos son: 

1) Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que desean tener, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. (Julie, Diane Recinos, Los Derechos Sexuales y Reproductivos: Estándares Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos)

“Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”. (CPE. Art. 66).

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos garantizan la toma de decisiones y el control de las personas respecto a su sexualidad y reproducción.

Los Derechos Sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación.   Los Derechos Reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre y post embarazo.   Los Derechos Sexuales abarcan los siguientes derechos:   

• Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad
• Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad
• Derecho a vivir libre de toda forma de discriminación
• Derecho a la privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente la información personal
• Derecho a la vida sexual y afectiva libre de cualquier tipo de violencia
• Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad
• Derecho a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS)
• Derecho a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
• Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. 

Los Derechos Reproductivos abarcan los siguientes derechos:   

• Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia
• Derecho a decidir sobre el número de hijas y/o hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro
• Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia
• Derecho a acceder a servicios de salud especializados para garantizar la maternidad segura
• Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar
• Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo
• Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva
• Las jóvenes y adolescentes embarazadas tienen el derecho a la educación

2) Derecho a una vida libre de violencia en razón de género

La violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, son un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física, psíquica y moral. (CIDH, Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en Las Américas .  

“Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. (CPE. Art. 15.II). 

“El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional”. (CPE. Art. 15.III).  

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. (Convención de Belem Do Pará).  

La violencia contra las mujeres de acuerdo con la Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia es: Cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.  

La violencia en razón de género tiene su origen en las relaciones de desigualdad, subordinación y de poder de los hombres sobre las mujeres, produciéndose en diversos ámbitos de su vida social, cultural, económica y política.  

Las cuatro formas principales, por la naturaleza del acto de violencia, es decir, por el tipo de acto realizado por parte del agresor contra la víctima, son: Violencia física, Psicológica, Sexual, Económica y patrimonial.   

Los hechos de violencia deben ser denunciados ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y/o los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs). 

3. Igualdad y No Discriminación

La igualdad entre los hombres y las mujeres, así  como la prohibición de la discriminación son normas imperativas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26 del PIDCP, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”. (CPE. Art. 14.I). 

“El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. (CPE. Art. 14.II). 

Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la igualdad tiene una concepción positiva porque garantiza que todas las personas sean iguales en el goce y en el ejercicio de los derechos, en tanto que la no discriminación tiene un sentido negativo, porque supone la necesidad que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas. 

La igualdad sustantiva o material implica asumir que no todas las personas tienen las mismas posibilidades o condiciones para el ejercicio de sus derechos, debido a la existencia de cualquier motivo o condición, que las colocan en una situación de desventaja.

Existe discriminación cuando se presentan los siguientes elementos : 

1. Se comete un acto, se incurre en una omisión, se genera una norma que distingue, excluye u otorga un trato diferente a una persona o un grupo de personas.  
2. Esta distinción, exclusión o trato diferenciado está motivado por motivos o condiciones específicas de la persona como el sexo, el género, la raza, el origen social, la orientación sexual u otras condiciones sociales.  
3. Que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos.

La Comunidad de Derechos Humanos desde el inicio de sus actividades ha priorizado el trabajo en tres ejes temáticos, constituyéndose en un referente por su especialización y experiencia, estos son: 

1. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 
2. El derecho a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia de las víctimas y
3. El derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

1. Organizaciones de la Sociedad Civil

La CDH desarrolla acciones para el fortalecimiento de OSC aliadas que son parte de la redes y coaliciones que promueven los derechos humanos y desarrollan estrategias de incidencia para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en general y derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en particular.  

En esta línea de trabajo se realizan cursos, talleres, seminarios, foros, conversatorios y otros eventos dirigidos a las OSC para fortalecer sus saberes y competencias en temas de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, aborto, derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, masculinidades, lucha contra la violencia en razón de género, derechos de las poblaciones LGBTIQ+, fortalecimiento de vocerías y litigio estratégico, entre otros temas.

2. Instituciones del Estado

La CDH ha acumulado una vasta experiencia en la implementación de acciones y procesos para el fortalecimiento de entidades estatales para que apliquen efectivamente los estándares de derechos humanos en el marco de sus funciones y atribuciones, cumpliendo sus obligaciones como garantes de derechos humanos. 

En esta línea de acción se realizan acciones con el Órgano Judicial, Ministerio Público, Escuela de Jueces del Estado, Asamblea Legislativa Plurinacional, Órgano Ejecutivo, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, entre otras instancias estatales. 

3. Poblaciones en situación de vulnerabilidad

La CDH trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos a través de acciones y estrategias que tienen el propósito de impulsar cambios en las leyes, políticas e instituciones para que se incorporen los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad en favor de la población en general y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular, entre ellas: 

1. Mujeres en situación de violencia
2. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
3. Poblaciones con diversa identidad de género y orientación sexual