El presente informe fue elaborado por una coalición de redes y organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en Bolivia a través de un proceso participativo de carácter nacional en el que se realizó la evaluación al cumplimiento de las recomendaciones recibidas por el Estado boliviano durante el tercer ciclo del EPU que contó con la asistencia técnica de la Comunidad de Derechos Humanos.