El TCP adopta el PROTOCOLO DE JUZGAMIENTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO INTERSECCIONAL PARA LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, cuyas líneas jurídicas de acción están orientadas a la identificación de patrones de desigualdad en la proyección de decisiones emergentes en sus operadores de justicia y la erradicación de sesgos diferenciales entre mujeres y varones a momento de ejercitar el control tutelar, normativo y competencial. Dicho documento, está dirigido al personal vinculado a la jurisdicción constitucional, desde sus máximas autoridades hasta los foros judiciales relacionados a la tutela de derechos y protección de garantías, quienes son responsables de actuar con la debida diligencia y compromiso que demanda la interpretación y aplicación de la perspectiva de género en todo asunto en el que se identifiquen brechas de marginalidad, vulnerabilidad o desigualdad.