La UE necesita un pacto migratorio a la altura de sus valores y con un reparto justo

Tras cinco años de parálisis, la Comisión Europea ha alumbrado por fin un plan para afrontar el reto migratorio que tanta tensión provoca en el seno de la Unión. El plan trata de conciliar los intereses contrapuestos de los países del Este que se niegan a aceptar refugiados y los países fronterizos del sur como Grecia, Italia o España, que están en primera línea de las llegadas irregulares. La Comisión renuncia a imponer cuotas obligatorias de refugiados, pero prevé mecanismos de solidaridad a la carta para que todos puedan encontrar una forma de contribuir.

La propuesta inicia ahora el proceso de discusión con los 27 países miembros y la Eurocámara. No tiene el éxito asegurado, pero es un intento serio y posibilista de encauzar un problema que se había enquistado después de que la Unión fracasara en su proyecto de imponer cuotas obligatorias de refugiados en plena crisis migratoria. La negativa por parte de países del Este a cumplir el pacto de reparto adoptado por mayoría abrió una crisis sin precedentes en la que se puso de manifiesto que la UE era incapaz de implementar sus propios acuerdos. Las cifras de llegadas están ahora muy lejos del millón y medio de 2015, pero la presión que ejerce la extrema derecha y el seguidismo de sus postulados por parte de algunos Gobiernos conservadores ha impedido consensuar una política común de asilo y gestión de la migración irregular.

Los países miembros tendrán tres vías para contribuir: acoger contingentes de refugiados, asumir la gestión del retorno de inmigrantes irregulares o contribuir a sufragar los gastos de las políticas que se apliquen en los países más afectados. La Comisión se reserva la capacidad de imponer su criterio final si en caso de emergencia no encuentra la cooperación necesaria de forma voluntaria. Esta especie de carta blanca puede ser un escollo para la adhesión de los países más reluctantes, pero sus Gobiernos han de tener en cuenta que si están en la Unión Europea no es solo para obtener beneficios, entre ellos importantes fondos estructurales. Han de contribuir también a las cargas, y la de la acogida de refugiados es una de las señas de identidad del proyecto europeo.

El problema es complejo y una de las dificultades radica en distinguir entre desplazados con derecho a asilo y migrantes económicos. El plan pivota sobre dos ejes: blindaje de las fronteras exteriores y una gestión más eficaz de las devoluciones de los inmigrantes irregulares. Este es un punto crucial, pues se estima que más de dos tercios de los migrantes que llegan no tienen derecho a asilo. La mayor agilidad en los trámites de acogida y devolución han de estar en todo caso presididos por un escrupuloso respeto por los derechos humanos, algo que no siempre se cumple ahora mismo en la frontera griega, y tampoco cuando se niega el desembarco de los migrantes rescatados en alta mar. El resultado final debería ser el alumbramiento de reglas y criterios claros y justos que desincentiven la inmigración irregular. Pero para ello es imprescindible habilitar vías creíbles que canalicen la migración regular y llegar a pactos con los países emisores de manera que aquellos que colaboren con la repatriación de sus nacionales sean premiados con mayores cupos migratorios.