TRES AÑOS DESPUÉS DE LA DENUNCIA PRESENTADA EN WASHINGTON (EEUU)

Dos años después de la admisión de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado boliviano por el caso de La Calancha, las víctimas esperan una respuesta de esta instancia internacional, si decide abrir o no investigación sobre la vulneración de derechos por la retardación de justicia, 12 años después de esos hechos. Ahora que los miembros de la CIDH sesionan en Sucre las víctimas intentarán hacerse escuchar.

Ayer cuando precisamente se conmemoraron diez años de vigencia de la Constitución Política del Estado en Bolivia, Sucre recordaba que producto de los conflictos durante la redacción de la nueva Constitución en 2007, fallecieron tres personas: Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo, pero 12 años después no hay ni siquiera una investigación en el país sobre los hechos por falta de una autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional que priorizó otros casos posteriores y dejó “archivado” este expediente.

La CIDH que tiene el caso en sus manos, ahora sesiona en Sucre, en el Centro Internacional de Convenciones, que se encuentra a unos metros del lugar donde ocurrieron estos hechos, La Calancha. Horacio Poppe, el parlamentario que activó la denuncia en Washington (sede de la CIDH), en octubre de 2015, recuerda que en febrero de 2016 fueron notificados con la admisión de la demanda, por lo cual ahora esperan alguna noticia sobre el estado de la investigación.

Poppe de la línea opositora al Gobierno, dijo que en el formulario de denuncias entregado en la CIDH, alegaron retardación de justicia porque la decisión de autorizar o no una investigación del hecho está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría de parlamentarios oficialistas y que al estar la administración de justicia en manos del Ejecutivo no hay garantías de un proceso de esclarecimiento transparente e imparcial.

El diputado explicó que la prueba de la retardación es que desde 2011, la solicitud del Ministerio Público para la autorización de juicio de responsabilidades en contra del ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y otros se encuentra en el despacho de la Vicepresidencia del Estado, lo que impide el inicio de la investigación y encontrar a los responsables de los muertos y heridos producto de armas de fuego y armas contundentes.

“Nosotros hemos tratado de comunicarnos con la CIDH para ver en qué está esa demanda porque ya son más de tres años desde la presentación de la denuncia y no hemos obtenido respuesta”, aseguró.

Recientemente, mediante una nota a la dirección de la página web de la CIDH solicitaron una audiencia para saber el estado de la investigación.

En su memorial solicitaron que el Estado encuentre a los responsables de estos hechos y el resarcimiento a las personas lesionadas. Pidieron a la CIDH medidas cautelares para que el Estado se haga cargo de las curaciones médicas de estas personas que tienen platino en la cabeza y en las mandíbulas hasta que se determine si hay responsabilidad estatal.

Ayer, durante los actos de recordación de los diez años de vigencia de la Constitución que se gestó en Sucre, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que en ese entonces “intereses oscuros, mezquinos y sectarios intentaron enfrentar a los bolivianos”

“Pero la unidad y la grandeza del pueblo boliviano triunfó de la mano de su Constitución y del presidente Evo Morales y hoy diez años después celebramos en nuestra querida capital y sede de tantos órganos del Estado”, remarcó.

El ex constituyente y ahora magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, señaló que están activados los mecanismos de la justicia y a ellos hay que acudir para exigir cualquier procesamiento.

Admitió que el proceso de construcción de la nueva Constitución fue “dramática” pero dijo que producto de esta norma Sucre es  la capital del Estado boliviano, porque ninguna de las constituciones desde 1826 no la consideraban textualmente como capital de la República.

“En la última plenaria en Oruro, los constituyentes chuquisaqueños nos enfrentamos con los paceños y logramos incorporar lo que ahora está en el artículo 6 (de la CPE) de que Sucre es la capital de Bolivia”, puntualizó.

Piden ser escuchados en una audiencia

Juan Cardozo, hermano de José Luis Cardozo, fallecido en los hechos de La Calancha, dijo que tiene listo todo el legajo sobre los hechos y las gestiones que hicieron ante el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y otras instancias del Estado para hacer conocer a los comisionados de la CIDH en alguna de las audiencias públicas.

“Queremos conversar con algún comisionado para que nos escuche, creo que hemos agotado las instancias judiciales y del Estado en Bolivia desde 2013 para exigir justicia pero no hay respuesta porque estos órganos están sometidos al Gobierno y no autorizarán un juicio contra sus propios militantes”, aseguró.

Fue el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) que impulsó a nombre de las víctimas el juicio de responsabilidades, su actual presidente Arturo Yáñez, señaló que la CIDH debería pronunciarse sobre este “escandaloso caso de impunidad” para que se siente precedente en otros hechos similares en la región.