Una jueza de Guatemala resolvió procesar a 11 de los 14 militares retirados acusados de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Una jueza de Guatemala resolvió procesar a 11 de los 14 militares retirados acusados de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996). 

La jueza Claudette Domínguez decidió otorgar "falta de mérito" al caso de los otros tres militares por supuestas "incongruencias" en las fechas cuando el Ministerio Público (MP-Fiscalía) realizó la acusación, aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación. 

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma "sistemática" en delitos y matanzas que se pueden considerar "crímenes de guerra", así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80. 

Este caso, conocido como Creompaz debido a que las osamentas fueron localizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra. 

Los 11 militares retirados ligados a proceso son el general retirado Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Raúl Dehesa Oliva, Gustavo Alonzo Rosales García, César Augusto Cabrera Mejía, Ismael Segura Abularach y Juan Ovalle Salazar. 

Además de Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Luis Alberto Paredes Nájera. 

Los 11 procesados deberán guardar prisión preventiva en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, por existir peligro de que perjudiquen la investigación. 

Los 3 militares que no fueron procesados y que deben permanecer bajo arresto domiciliario son Pablo Roberto Saucedo Mérida, Carlos Humberto Rodríguez López y Edgar Rolando Hernández. 

Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo de Guatemala, dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para que concluya la investigación y, posteriormente, decidir si se debe iniciar o no un juicio oral y público. (ACAN-EFE)