La criminalización de personas defensoras, y periodistas, que tiene como propósito silenciar u obstruir la labor de defensa, se ha vuelto una práctica cada vez más recurrente en la región.

9 de diciembre de 2024

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Lima / Tegucigalpa / Santiago de Chile / Washington D.C. - En el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, las Oficinas de las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen un llamado a los Estados de la región a cesar  la criminalización de las personas que defienden derechos humanos. Esta práctica vulnera los derechos fundamentales de estas personas y socavan los principios de la democracia y el Estado de derecho.

La criminalización de personas defensoras, y periodistas, que tiene como propósito silenciar u obstruir la labor de defensa, se ha vuelto una práctica cada vez más recurrente en la región. Esta se manifiesta a través del uso indebido del derecho penal y los sistemas de justicia mediante la presentación de cargos penales infundados; la aplicación indebida de tipos penales, especialmente aquellos que con una formulación genérica o ambigua permiten interpretaciones discrecionales; o el uso de medidas cautelares utilizadas con fines de intimidación, como la detención preventiva o la prohibición de salida del país. Estas acciones suelen estar acompañadas de campañas de desprestigio y estigmatización que fomentan un ambiente de hostilidad, llevando en muchos casos al debilitamiento del tejido social y/o al exilio de las personas defensoras.

Estas prácticas están particularmente dirigidas hacia personas defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas, quienes enfrentan fuertes presiones de autoridades y actores privados interesados en proyectos extractivos que pudieran afectar los bienes naturales y territorios ancestrales. Además, observamos con preocupación que dichas prácticas también han sido utilizadas para amedrentar a operadoras y operadores de justicia que, a través del ejercicio de sus funciones, promueven el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos combatiendo la corrupción y la impunidad.

La criminalización de personas defensoras tiene un efecto intimidatorio y paralizante en la defensa de derechos humanos, que tiene un impacto no solo en lo individual, sino también en lo familiar y en lo colectivo. A su vez, la criminalización tiene un impacto diferenciado en las mujeres defensoras de derechos humanos debido a los efectos que ésta tiene sobre ellas y sus familias.

ONU Derechos Humanos y la CIDH reiteran su compromiso con la protección de quienes defienden los derechos humanos y exhortan a los Estados a garantizar que no se inicien acciones penales infundadas en contra de ellas por el sólo hecho de ejercer sus labores de forma legítima. Reconocer y proteger su trabajo es fundamental para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la justicia en la región.

Finalmente, ambos organismos destacan con preocupación los altos índices de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y reiteran su llamado a los Estados a prevenir esta violencia, proteger a quienes se encuentran en situaciones de riesgo por proteger derechos, e investigar y sancionar a todas las personas responsables.  
 
FIN.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas y en todo el mundo. 

No. 310/24

10:00 AM