Afirman que existe un convenio firmado en el marco del Concordato entre el Estado Boliviano y el Vaticano, el cual reconoce las escuelas de convenio.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz conformará una comisión para conocer casos de violencia, violación, abuso, entre otros, en las unidades educativas de convenio y anuncia que si halla algún caso se sancionará al autor. Asimismo, busca que el Estado tenga presencia en esos establecimientos.

“Hay un instructivo desde el Ministerio de Educación (que indica) que en las unidades educativas de convenio debemos hacer todos los controles necesarios ya que podrían haber discriminación actos de violencia y abusos entre otros, por eso ahora todas esas cosas vamos a ir investigando”, resaltó el titular de la DDE La Paz, Carmelo López, a Página Siete.

Para ello conforma una comisión para que realice las inspecciones. Aseguró que actualmente “ya están armando el equipo de trabajo con los técnicos de la dirección departamental y “va a comenzar a trabajar a partir del lunes”.

Acotó que habrá “se hará un cronograma” de trabajo y las visitas se realizarán de acuerdo con las fechas programadas.

El pasado martes, el ministro de Educación, Edgar Pary, informó que “como Ministerio de Educación, colaboraremos en las investigaciones y revisaremos los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio, precautelando la integridad física de nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes”.

Las declaraciones las dio luego de conocer los hechos de pederastia que se denunciaron hace 24 días en unidades educativas del país. Uno de los más escandalosos fue el del padre Alfonso Pedrajas “Pica”, quien en su diario de más de 300 páginas contó las violaciones que cometió contra 85 víctimas entre niños y adolescentes de la unidad educativa Juan XXIII.

Se informó de estos hechos y por eso “vamos a estar haciendo los controles necesarios”, manifestó López.

Esta medidas se realizará porque “tal vez se fueron ocultando estos hechos dentro de las unidades educativas de convenio ya que quizá los padres fueron amenazados con sacarlos de las unidades educativas y tal vez ellos han tenido que seguir soportando todos esos atropellos”.

Añadió que en caso de que se halle estos casos, los autores serán sancionados. “Donde existan estos hechos, vamos a tomar las riendas en esas unidades educativas tal como indican las normas, es decir que pondremos presencia del Estado”.

“Hasta el momento en estas unidades educativas de convenio, la Iglesia se ha dado todo el poder de hacer y deshacer en las unidades educativas. Porque ellos (miembros de la Iglesia) son directores, nombran maestros, administrativos y otros, por eso hoy tenemos que tomar todas las riendas y las DDE deben tener presencia para administrar, para que la Iglesia Católica siga haciendo las suyas”.

Por ello indicó que es necesario “revisar los convenios establecidos con el Estado para ver qué mecanismos se pueden adoptar en estos establecimientos”.

Qué dicen las normas

El abogado Abel Loma aseguró que no es posible realizar esas intervenciones ya que existen acuerdos internacionales y la propia ley Educativa Avelino Siñani- Elizardo Pérez aprobada en 2010, la cual indica que se reconoce a las unidades educativas de convenio.

Asimismo, Bolivia firmó un convenio con la Comisión Episcopal Educativa, el cual está enmarcado en el Concordato que existe entre el Estado Boliviano con el Vaticano, el cual también reconoce a estas unidades educativas de convenio. El último fue firmado en 2019.

El mismo indica que la Iglesia debe acogerse a las disposiciones bolivianas, pero que las designaciones de sus administrativos y autoridades de los establecimientos deben hacerlo los miembros de la Iglesia para que se evite que una persona que no pertenece a esa religión dirija alguna unidad educativa.

Por ello, formalmente no pueden hacer una intervención ya que está respaldado por un convenio de carácter internacional, afirmó el jurista.

Se conoce que en todo el país hay al menos 400 unidades educativas de convenio y en ellas trabajan más de 4.000 profesionales de educación.