El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el país por 60 días ante una “grave conmoción interna” por los altos índices de violencia por efecto del narcotráfico.

AFP /  Quito

Ecuador, que afronta el descontento social por el alza de combustibles, garantiza el derecho a las protestas pese al estado de excepción dictado para combatir el narcotráfico, dijo ayer el viceministro de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes.

El estado de excepción decretado el lunes y que implica la movilización de militares y policías,  de “ninguna manera afecta al derecho a la libre expresión que tienen las personas o las organizaciones”, manifestó Fuertes al canal Teleamazonas.

El presidente Guillermo Lasso  decretó el estado de excepción en todo el país por 60 días ante una “grave conmoción interna” por los altos índices de violencia por efecto del narcotráfico.

“Ninguna de las libertades individuales que están garantizadas en la Constitución está sufriendo ningún tipo de menoscabo”, indicó el viceministro, añadiendo que el estado de excepción nada “tiene que ver con estos anuncios de movilizaciones que han formulado algunos sectores de la sociedad”.

Organizaciones sindicales, de indígenas, estudiantes y del transporte reclaman la suspensión del alza gradual de precios de combustibles en Ecuador, donde están subsidiados.

En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de las más utilizadas, subió de 1,48 a 2,50 dólares (69%) hasta octubre.

La mayor organización indígena de Ecuador (Conaie), de oposición, decidirá este viernes la fecha de una protesta nacional.

La Conaie lideró en 2019 violentas protestas contra la eliminación de subsidios que dejaron 11 muertos y obligaron al entonces mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás.