Pese a que la conciliación está prohibida por ley y que solamente por única vez se puede promover una conciliación, cuando no hubo antecedentes, lamentablemente en muchos casos se convirtió en la regla

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348 transformó varios elementos en la administración de justicia, pero varios planteamientos de la norma fueron distorsionados por los propios administradores de justicia, manifestó a EL DIARIO la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.

Novillo apuntó que desde la promulgación de la Ley 348 hubo cambio para los operadores de justicia, pero también se fue distorsionando la aplicación de la norma y se fueron generando algunos vicios, por lo que en reiteradas oportunidades se hicieron “llamadas de atención”, por ejemplo, al uso de la conciliación.

“Pese a que la conciliación está prohibida por ley y que solamente por única vez se puede promover una conciliación, cuando no hubo antecedentes, lamentablemente en muchos casos se convirtió en la regla”, apuntó Novillo.

En ese marco, dijo que parte de las demandas y propuestas que presentan algunas organizaciones para la Ley 348 busca clarificar algunos aspectos y agilizar los procesos, porque desde que los casos pasaron a la vía penal, se tornaron muy lentos.

Explicó que una de las grandes transformaciones que se hizo con la Ley 348 es que todos los hechos de violencia vayan a la vía penal, mismos que antes eran resueltos en la vía familiar.

NORMAS A FAVOR DE LAS MUJERES

Novillo apuntó que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado se promulgaron varias normas que favorecen y reconocen derechos específicos de las mujeres, como la Ley 348, la 243 Contra el Acoso y Violencia Política, la Ley Contra la Trata y Tráfico de Personas, entre otras.

“Tenemos algunas inclusiones a normas que no son específicamente a derechos de las mujeres pero que implican o han logrado incluir una visión de igualdad de género, por ejemplo, la Ley del Ministerio Público, la Ley del Órgano Electoral, la Ley de Órgano Judicial, varias de estas incorporan medidas para promover los derechos de las mujeres pero también cuestiones específicas vinculadas, por ejemplo, al reconocimiento de la paridad. Hay un abundante marco normativo que se ha ido aprobando los últimos años y que permiten avanzar en el reconocimiento al derecho de las mujeres, ese es un avance fundamental”, apuntó.

Refirió también que algunas leyes como la Ley Marco de Autonomías incluye algunas consideraciones para las mujeres, o la Ley de Pensiones donde disminuyeron la edad de las mujeres para jubilarse,

ESTADO Y LA LEY 348

La directora de la Coordinadora de la Mujer apuntó que la Ley 348 tiene una importante cantidad de medidas en el ámbito de la prevención y asigna un rol importante tanto a lo que fue el Ministerio de Comunicación como al Ministerio de Educación para realizar acciones de prevención, en el marco de sus competencias, aunque estas no están siendo encaradas.

“Dentro de la responsabilidad que tienen y de las posibilidades con la que cuentan tanto el Ministerio de Comunicación así como el Ministerio Educación, que podría incluir en la currícula escolar, como medidas previstas en la norma, no están siendo encaradas”, dijo.

“CUELLO DE BOTELLA”

Novillo explicó que generalmente una denuncia inicia en la Policía, esta la refiere al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para contar con las pruebas de un hecho de violencia, luego pasa a la fase de investigación, donde el Ministerio Público juega un rol importante. Una vez que existe la imputación formal pasa a la administración de justicia donde entran los Tribunales de Justicia, allí es donde sale la sanción, si se define que se ha cometido un delito.

Explicó que en todo ese proceso, desde iniciada la denuncia, hay plazos fijados, pero en el transcurso, los denunciados recurren a “chicanas”, por lo que un juicio puede durar hasta más de siete años.

Apuntó que los cuellos de botella se presentan con más frecuencia entre la investigación y el inicio de proceso, porque es ahí donde las mujeres empiezan a desistir, al percatarse que será costoso económica y emocionalmente porque se deben enfrentar a los familiares del agresor y la suya propia que en muchos casos les dicen “ya no te metas, déjalo así”.

En ese marco, explicó que varias organizaciones buscan disminuir el tiempo de los procesos penales que enfrentan las mujeres

DENUNCIA NO ATENDIDA

Novillo dijo que el feminicidio registrado el pasado domingo en la ciudad de Santa Cruz, donde un sujeto degolló a su expareja en un supermercado a media mañana, fue un jalón de orejas para todo el sistema judicial que le falló a la víctima, que ya había denunciado el caso pero que no se tomaron las medidas necesarias para asegurar que ella cuente con la protección que debe darle el Estado en calidad de víctima.

Apuntó que el feminicidio llega a ser el resultado de un proceso complejo de relaciones en la que todos podemos jugar algún rol.

“Todas las instituciones deberían cumplir oportuna y adecuadamente los roles que están en la ley para resolver un caso de violencia contra las mujeres. Tomar las medidas necesarias para evitar que un caso de violencia acabe en feminicidio porque el Estado prevé otorgarle las medidas de protección, pero las autoridades al no valorar adecuadamente el contexto de violencia están dando pie a que se están dando estas situaciones”, lamentó.

SANCIONES SIN RESULTADO

En criterio de la directora de la Coordinadora de la Mujer, las sanciones que se están dando contra la violencia no están incidiendo en la disminución de los casos y que por el contrario se ven hechos cada vez más agresivos.

“Estamos viendo cómo se están ensañando porque las formas de violencia son mucho más duras, más extremas, esto nos tiene que llamar la atención. La sanción no está inhibiendo los hechos de violencia, por eso también se está cuestionando la efectividad de la leyes sancionatorias y a nivel internacional se están indagando otro tipo de medidas para evitar que sigan incrementando los casos de violencia porque la penalización no está teniendo el efecto que se esperaba en la reducción de los casos de violencia contra las mujeres”, manifestó.