Piden ampliar el plazo de las detenciones y el tiempo para realizar la investigación.

La Fiscalía Departamental de La Paz sugiere que dentro del plan de reformas a la Ley 348 de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, que lleva adelante el Ministerio de Justicia, se prevea ampliar el plazo para realizar las investigaciones y el tiempo de la detención para los procesados.

“Una sugerencia que quisiéramos que se tome en cuenta es la de ampliar el tiempo que un juez determina para la medida cautelar y los seis meses que implican la etapa preparatoria”, declaró el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos.

Según la explicación de la autoridad, si bien se puede pedir ampliaciones a la detención preventiva y la investigación, se podría pedir a los miembros de la Asamblea Legislativa definir una detención preventiva para los denunciados sin plazos, o dar espacios de tiempo más amplios en investigaciones complejas y de gravedad.

El motivo de esta solicitud, según Bustillos, tiene que ver con la burocracia en otras instancias que se relacionan con la valoración de las víctimas y su protección, así como la carga procesal que tiene cada uno de los fiscales.

Puso como ejemplo  que las valoraciones psicológicas que se realizan a las víctimas están a cargo del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y las unidades especializadas de la alcaldías. Dichas instancias demoran en la emisión de los diagnósticos por los mismos motivos, el número significativo de denuncias.

Bustillos señaló que, durante la pandemia por el coronavirus, por las restricciones y el aislamiento en los domicilios, se notó un incremento significativo en los casos de violencia psicológica y socioeconómica.

Bustillos observó que los actuales tiempos fijados por la Ley de Abreviación Procesal limitan el trabajo, no sólo de los fiscales, sino de los profesionales que deben valorar el estado psicológico y socioeconómico de las víctimas. Esto provoca que las mujeres, en su mayoría, sean expuestas a la revictimización y el contacto con los agresores.

Desde inicios de esta gestión, el Ministerio de Justicia lleva adelante un proceso de reforma judicial. En el caso de la Ley 348, se solicitó a las diferentes entidades y grupos de activistas por los derechos de las mujeres y niños, enviar sugerencias para mejorar la aplicación de esta norma, que busca prevenir el número de los feminicidios, que hasta la pasadas semana sumaban más de 25. El ministerio informó que  procesan más de 1.000 propuestas.