Las activistas esperan que la marea verde salpique a Bolivia y que la llegada de más y nuevas mujeres a la Asamblea permita reabrir el debate.

Mery Vaca
 periodista

La marea verde de Argentina que luchó durante años y que finalmente consiguió la legalización del aborto hasta la semana 14 ha generado expectativas en otros países que aún penalizan esta práctica, como es el caso de Bolivia. 

Sin embargo, la pregunta es si las condiciones están dadas para reponer el debate que a inicios del año 2018 ha quedado trunco, luego de que se anulara el Código del Sistema Penal, que acababa de ser aprobado y que introducía nuevas causales para la interrupción legal del embarazo. El citado Código fue anulado ante la oposición de los médicos, que rechazaron la penalización de la mala praxis, que comúnmente se conoce como negligencia médica.

La otra pregunta es si Bolivia está avanzando o retrocediendo respecto a los derechos de las mujeres, pues claramente en los últimos meses han surgido corrientes conservadoras, incluso con amplia representación parlamentaria que se niegan siquiera a considerar el tema. Estas corrientes, sin embargo, no surgieron únicamente en Bolivia. En algunos países son muy poderosas, como es el caso de Brasil, donde gobierna Jair Bolsonaro, un ultraconservador que hace poco dijo que Argentina “aprobó el asesinato”.

Como dice la activista Lola Gutiérrez, en Bolivia nos falta, incluso, decir las cosas por su nombre. En Argentina, la ley aprobada “legaliza el aborto”, en cambio, en Bolivia los debates han estado centrados en la “ampliación de causales” o en la “despenalización”, pero nunca en la legalización irrestricta del aborto. Es más, los proyectos que se han debatido hasta ahora han estado subalternizados a otros temas, como fue el del Código del Sistema Penal, pero no fueron abordados de manera exclusiva.

Gutiérrez cree que es importante empezar a hablar del tema porque “cuando las cosas empiezan a nombrarse, existen”. Y eso es lo que rescata en primera instancia de Argentina, donde “no tienen miedo a nombrar las cosas” y a usar el término preciso.

Esto no quiere decir que en Bolivia no se haya avanzado al respecto. Lupe Pérez, activista del colectivo Rebeldía y de la Campaña 28 de septiembre, cuenta que en el país existe una articulación nacional por la despenalización del aborto que ya tiene 25 años y que ya se han presentado dos propuestas a la Asamblea “prolijamente sustentadas” desde el punto de vista constitucional y en el marco de la normativa internacional.

Pérez cree que “hay un debate necesario y urgente para retomar la posibilidad de que las mujeres sean respetadas en su derecho de decidir”.  Considera que es necesario que una vez se acabe “este chantaje” que existe en el tema del aborto, pero considera que “siempre se puede dar si hay voluntad política”.

Gutiérrez también abriga la esperanza de que lo ocurrido en Argentina “salpique” a Bolivia, pero al mismo tiempo advierte que en el último año “ha habido un retroceso de derechos enorme” en el  país. Pero no sólo eso, considera que Bolivia “no ha tenido el debate social suficiente”, no solo sobre el tema concreto del aborto en el cuerpo de las mujeres, sino sobre lo que el aborto implica, como, por ejemplo, la existencia de “un sistema patriarcal brutal” en el que la violencia hacia las mujeres aún se encuentra naturalizada, la sexualidad, que sigue siendo tabú en los colegios y en las familias,  y el catolicismo y otras religiones que son fuertes en el país. Eso por citar algunos factores de los muchos que se atraviesan en el debate.

Pérez reconoce que la articulación que promueve el aborto en Bolivia “no es todo lo popular que quisiéramos”, pero asegura que es cada vez más diversa e intercultural, por lo que considera que, tras lo sucedido en Argentina, el debate “tiene que ser retomado en las mejores  condiciones, creo que Bolivia tiene la posibilidad de avanzar no solo en causales, sino sacar del Código Penal la figura que penaliza el aborto”.

Recalca que pedir la interrupción legal del aborto es más que demandar el derecho al aborto sin presión ni persecución, “es sobre todo conquistar dignidad, libertad, soberanía y autodeterminación”.

El otro lado de la medalla

Así como hay un movimiento que promueve la despenalización del aborto, existe otro movimiento denominado “próvida” y que busca evitar que este tema ingrese en la agenda pública y política. Uno de sus representantes más antiguos es el ahora diputado por Creemos Erwin Bazán, quien antes de llegar a ese cargo fue director de prensa y vocero del Arzobispado de Santa Cruz. Sin embargo, él aclara que en su lucha contra el aborto no utiliza argumentos religiosos y, por el contrario, se remite a evidencias científicas de la embriología.

Bazán hizo noticia los últimos días porque decidió procesar a una persona que, según dice, en redes sociales aseguró haber promovido unos 300 abortos en Bolivia durante la cuarentena. El diputado dice que su trabajo no es perseguir a quienes cometen delitos, pero que esta vez hizo una excepción porque las autoridades llamadas por ley no estaban haciendo su trabajo. 

Demás está decir que él y su bancada se opondrán a que el aborto sea tratado en la Asamblea Legislativa porque, según dijo, el rechazo a este tema es parte de la propuesta de gobierno de Creemos.

Para él, lo ocurrido en Argentina es una legalización del “asesinato”, “es un genocidio” y es “terriblemente horrible” porque en la semana 14, según dice, el feto ya está formado.

Las personas que promueven el aborto apelan a un tema de salud pública, puesto que, al margen de la penalización, las mujeres siguen abortando y muchas de ellas lo hacen en condiciones tan precarias que pierden la vida en el procedimiento. Los datos que manejan las organizaciones que trabajan esta temática indican que en Bolivia se producen unos 60.000 abortos cada año y que ésta es la tercera causa de mortalidad materna en el país, tal como lo estableció la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2011 (ENDSA). Lupe Pérez cree que es muy difícil dar datos precisos de una temática que es clandestina.

Para Bazán, todas son “mentiras”, “falacias”, “eufemismos” y manipulaciones de las grandes organizaciones que promueven el aborto a nivel internacional y que manejan grandes sumas de financiamiento como Planned Parenthood o Ipas y que, según dice, han permeado al Estado boliviano para promover esta práctica.

Señala que el trabajo de su plataforma “es altamente empático con la mujer” porque busca prevenir que llegue a un aborto mediante la educación sexual. “Tenemos que ir a las causas, el aborto no aborda la causa, ni el origen del problema, simplemente elimina el problema en el parte del hilo más delgado, que es la parte del ser humano indefenso que ha sido concebido”.

A propósito de Creemos, la activista Lupe Pérez considera que “la gente se va dando cuenta que ha habido una burda manipulación de los sentimientos religiosos de las personas” por parte de esa fuerza política.

Derechas, izquierdas, transversales

Uno de los temas que más agita las redes sociales, que son el nuevo escenario de disputa política en el país, es el de los feminismos, los derechos de las mujeres y, entre ellos, los derechos sexuales y reproductivos. Y no faltan los que levantan las banderas de la familia y de la vida para acusar a los activistas de los derechos de las mujeres de ser instrumentos de una confabulación socialista internacional, del marxismo cultural y de la ideología de género.

Frente a esa aparente dicotomía ideológica, las activistas Lupe Pérez y Lola Gutiérrez consideran que los derechos de las mujeres no tienen que ver con izquierdas o con derechas y que, más bien, son temas transversales. Eso mismo lo demostró la votación en favor del aborto en Argentina, donde si bien hubo un impulso del oficialismo, los apoyos provinieron de ambos bandos.

“Tenemos que entender que es una causa que atraviesa todos los sectores de la sociedad, que atraviesa todas las clases, que atraviesa todas las culturas y no debería entramparse en este falso debate de si son las mujeres de izquierda o las mujeres de derecha las que apelan a la despenalización del aborto, me parece que es ridículo y dañino”, dice Pérez.

“Yo más bien diría que algo que atraviesa este debate pasa por la religión más que por la línea política, porque es un tema que moviliza, hay gente que puede ser feminista y estar en la lucha, pero que dice que es complicado tener una posición (respecto al aborto)”, señala Gutiérrez.

En todo caso, Gutiérrez se muestra esperanzada porque la nueva configuración política de la Asamblea ha traído más mujeres y entre ellas más jóvenes, con las que se puede buscar alianzas estratégicas.

Tanto Pérez como Gutiérrez destacan que la recientemente nombrada directora de despatriarcalización, Wendy Pérez, se haya abierto al debate del tema. “Nos toca debatir el tema del aborto en Bolivia y lo tenemos que hacer desde los diferentes espacios, especialmente las mujeres, porque a nosotras es a quienes nos corresponde definir cómo cuidar nuestro cuerpo, cuándo tener nuestros hijos. Ese debate es un tema pendiente en nuestro país”, dijo Pérez en una entrevista con el periódico Opinión.

Y ¿qué ocurre en el MAS, que es el partido oficialista y el que finalmente tendría la sartén por el mango en caso de instalarse un debate al respecto? ¿Acaso esa fuerza política no está atravesada también por intereses de las iglesias evangélicas o por los conservadurismos que puedan existir en los pueblos indígenas, donde hablar de aborto puede ser también un tema tabú?

Lupe Pérez separa a las jerarquías patriarcales de las mujeres diversas que hay en el país. Afirma que, si bien en el primer caso pueda existir un óbice al tratamiento del aborto, en el segundo caso no porque “el aborto existe en todas las culturas y en todos los pueblos, nos consta, lo hemos evidenciado”.

Afirma que el “el aborto existe en el mundo aymara, quechua, guaraní” y que son ellas que abortan porque son ellas las que se embarazan, mientras que la criminalización viene del patriarcado.

Mientras tanto…

Si bien el debate para la legalización del aborto puede ser largo todavía en Bolivia, la lucha diaria de las niñas y mujeres es que se aplique el Código Penal y, sobre todo, la sentencia constitucional 206 del 2014. 

Por un lado, según el Código Penal, el aborto en caso de violación, incesto, estupro o riesgo para la vida o salud de la mujer no será sancionado. Y, por otro, la sentencia constitucional 206 elimina el requisito de la autorización judicial para que mujeres y niñas accedan a este derecho cuando se cumplan las causales señaladas.

Gutiérrez afirma que “ninguna niña debe parir porque es víctima de violación y debería estar la ruta legal clarísima”, pero ocurre que algunos centros de salud e instituciones involucradas, todavía le ponen trabas al asunto.

“Las barreras siguen estando en los hospitales, en la policía, en los Sims, en las defensorías, por lo tanto, lo que tenemos es un gran velo que cubre desde la mediocridad cultural, la posibilidad de conocer el problema”, dice Lupe Pérez.

Las causales que nunca fueron

El 2017 fue un año atravesado por el debate del nuevo Código del Sistema Penal que, entre otras varias temáticas, pretendía introducir nuevas causales para el aborto legal en Bolivia. Pero, el debate estuvo también acompañado de duras protestas de los médicos del país que rechazaban la aprobación del Código porque penalizaba la mala praxis médica. 

El Código fue aprobado a finales de 2017 y anulado a principios del 2018, en un acto de debilidad hasta entonces desconocido en el gobierno de Evo Morales.

En la actualidad el Código Penal boliviano establece como únicas causales para el aborto legal  la violación, el incesto, el estupro o el riesgo para la vida o salud de la mujer. En todos los demás casos, a quien provocare un aborto, el Código sanciona con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de 16 años; con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer; y con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento.

El Código que quedó trunco establecía, además, como causales del aborto legal hasta las ocho primeras semanas de gravidez y por única vez: que la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; que no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, que sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o que sea estudiante.

El Código, además, establecía un procedimiento expedito para dar paso al aborto legal con el llenado de un formulario en el que se indique la causal a la que se acoge la mujer “sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza”.

Las nuevas causales quedaron archivadas junto al intenso debate que se generó en el país por las dos temáticas más bulladas: la negligencia médica y las causales del aborto legal.

En la actualidad, la legalización del aborto en Argentina ha reabierto el debate, pero aún no la agenda.