Presentamos la Edición Nº 29 del Boletín sobre "ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHO A UN JUICIO JUSTO", que contiene los datos respecto a la normativa internacional, regional y nacional que protegen el derecho, la existencia mecanismos institucionales para la realización; la existencia de instrumentos y políticas públicas, la respuesta de los mecanismos de derechos humanos internacionales y nacionales que buscan la restitución en caso de violación del derecho y por último el impacto concreto de las acciones del Estado sobre la realización del derecho para acceder a la justicia. Los datos contemplan los reportes finales de la gestión 2022.

Bolivia ha adoptado y ratificado ocho instrumentos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas respecto al acceso a la justicia y a un juicio justo.

Bolivia ha adoptado 6 instrumentos internacionales de la OEA, de los cuales 4 han sido ratificados y 2 quedan pendientes de ratificación.

La CPE no hace referencia expresa al derecho de acceso a la justicia entre los derechos fundamentales, no obstante en su artículo 115 señala que: "I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos", que es precisamente la descripción del contenido de este derecho.

La mayoría de los Códigos sustantivos y adjetivos anteriores a la CPE adoptada el 2009 continuan vigentes. Estos en general no contienen disposiciones contrarias al derecho internacional pero requieren actualizarse.

Se ha promulgado la Ley Nº 1443 establece mecanismos que precautelen los derechos de las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente.

Existe y funciona el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental.

Se cuenta con 4 políticas públicas vigentes para proteger el derecho.

De las 9.676 quejas admitidas, 2.313 corresponden a garantías del debido proceso y acceso a la justicia

En la gestión 2022, la CIDH ha emitido 9 informes de admisibilidad: 1) Leopoldo Fernández Ferreira, 2) María Cristina del Rosario Canedo Justiniano, 3) Hugo Paz Lavadenz, 4) Ligia Mónica Velásquez Castaños, Rosario Chánez Chire y Gualberto Cusi Mamani; 5) Aberlardo Árevalo Choque y otros, 6) Grover Beto Poma Guanto y familiares, 7) Zaida Mariaca Rada, 8) Zvonko Matkovic Ribera, y 9) Branko Goran Marinkovic Jovicevic.

Bolivia ha sido encontrada responsable de violación de derechos humanos relativos al acceso a la justicia y derecho a un juicio justo en 9 casos: 1) Trujillo Oroza Vs. Bolivia, 2) Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, 3) Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia, 4) Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia, 5) Andrade Salmón Vs. Bolivia, 6) Caso I.V. Vs. Bolivia, 7) Flores Bedregal y Otras Vs. Bolivia, 8) Angulo Losada Vs. Bolivia, y 9) Valencia Campos y otros Vs. Bolivia.

El Comité de Derechos Humanos y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han emitido recomendaciones relativas al acceso a la justicia, independencia del Poder Judicial, investigación y sanción en casos de violencia de género entre otros.

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública se encuentra en los 9 departamentos; en la gestión 2022 brindo asistencia legal en en los 119 asientos judiciales, llegando a atender a 13.929 personas.

En la gestión 2022, el Tribunal Constitucional ha registrado 6.518 causas ingresadas y 4.667 causas resueltas.

En la gestión 2022, el TSJ ha registrado 3.665 causas ingresadas y 4.663 causas resueltas.

En la gestión 2022, los Tribunales Departamentales de Justician han registrado 349.998 causas ingresadas y 333.279 causas resueltas.