Presentamos la Edición Nº 21 del Boletín sobre "ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHO A UN JUICIO JUSTO", que contiene los datos respecto a la normativa internacional, regional y nacional que protegen el derecho, la existencia mecanismos institucionales para la realización; la existencia de instrumentos y políticas públicas, la respuesta de los mecanismos de derechos humanos internacionales y nacionales que buscan la restitución en caso de violación del derecho y por último el impacto concreto de las acciones del Estado sobre la realización del derecho para acceder a la justicia. Los datos contemplan los reportes finales de la gestión 2020.

La CPE no hace referencia expresa al derecho de acceso a la justicia entre los derechos fundamentales, no obstante en su artículo 115 señala que: "I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos", que es precisamente la descripción del contenido de este derecho.

Bolivia ha adoptado y ratificado cuatro instrumentos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas respecto al acceso a la justicia y a un juicio justo.

Bolivia ha adoptado y ratificado un instrumento internacional de la Organización de Estados Americanos respecto al acceso a la justicia y a un juicio justo.

Aunque la CPE no hace referencia expresa al derecho al acceso a la justicia, en los art. 115 y art. 120 determina los alcances y la cobertura del mismo.

Existe y funciona el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental.

La mayoría de los Códigos sustantivos y adjetivos anteriores a la CPE adoptada el 2009 continuan vigentes. Estos en general no contienen disposiciones contrarias al derecho internacional pero requieren actualizarse.

Se cuenta con 3 políticas públicas vigentes para proteger el derecho.

En la gestión 2020, la CIDH ha emitido 7 informes de admisibilidad: 1) Marcelo Quiroga Santa Cruz y Familia, 2) Patricia Jacqueline Flores Velasquez y Familia, 3) Tanimbu Guiraendy Estremadoiro Quiroz, 4) Félix Melgar Antelo y Familia, 5) José Ignacio Orías Calvo, 6) 64 Comunidades de Los Pueblos Mojeño, Yuracaré y Tsimane y 7) María Elena Blanco Quintanilla de Estenssoro. También han sido emitidos 2 informes de inadmisibilidad: 1) Odón Fernando Mendoza Soto y 2) Jaime Raymond Aguilera y Otros.

En la gestión 2020, Defensa Pública ha atendido 9.450 personas en 89 municipios, representando una disminución del 27% en relación a la gestión 2019 ya que atendió a 12.973 personas.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha reportado la atención de 3.900 casos en sus centros de conciliación, representando un incremento importante en relación a la gestión 2019, en la que reportó 979 conciliaciones.

Bolivia ha sido encontrada responsable de violación de derechos humanos en 6 casos.

Los diferentes mecanismos de derechos humanos han emitido recomendaciones relativas al acceso a la justicia, garantías procesales, condiciones de detención, investigación y actuaciones judiciales, reformas del poder judicial e independencia del poder judicial.

En la gestión 2020 han ingresado 3472 y se han resuelto 2897 causas

En el primer semestre de la gestión 2020, han ingresado 725 causas y se han resuelto 1.112 causas.