La CIDH urge una vez más al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión de manifestantes y opositores, y a investigar y sancionar todos los hechos de violencia que hayan tenido lugar. Asimismo, la Comisión condena todas las prácticas de humillación y hostigamiento, por tratarse de conductas indignas para los derechos humanos, que valen para todos y todas sin distinción.

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su alarma y profunda preocupación por la continuidad y el agravamiento de la violencia en Nicaragua, que ya ha cobrado la vida de 143 personas y que constituye una grave crisis de derechos humanos que debe ser atendida por el Estado nicaragüense con la máxima urgencia. Asimismo, la CIDH condena enérgicamente la agudización del uso excesivo de la fuerza estatal y la continuidad de los ataques por parte de actores parapoliciales y terceros armados, los cuales el Estado tiene la obligación de desmantelar. La CIDH urge una vez más al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión de manifestantes y opositores, y a investigar y sancionar todos los hechos de violencia que hayan tenido lugar. Asimismo, la Comisión condena todas las prácticas de humillación y hostigamiento, por tratarse de conductas indignas para los derechos humanos, que valen para todos y todas sin distinción. La Comisión insta al Estado a buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis y saluda los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua por retomar el diálogo nacional.

La CIDH recuerda que el Estado debe garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos libres de amenazas y violencia, en especial en el contexto de manifestaciones y protestas sociales. La Comisión Interamericana ha manifestado en múltiples ocasiones que los Estados deben adoptar medidas no solo para proteger a los ciudadanos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, sino también prevenir y sancionar los actos de violencia que provengan de grupos o actores no estatales.

En particular, la CIDH condena los hechos sucedidos desde el 2 de junio de 2018, fecha del último comunicado de la CIDH sobre hechos de violencia en Nicaragua, que han recrudecido la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Según información de público conocimiento, el sábado 2 de junio, a consecuencia de enfrentamientos entre manifestantes y la policía antimotines en la ciudad de Masaya, se registró al menos una persona fallecida, un número indeterminado de heridos y más de treinta detenidos. En la misma fecha hubo un enfrentamiento entre un grupo de civiles que mantenía una barricada a 28 kilómetros al sureste de Managua y agentes de la Policía Nacional. Producto de estos hechos Donald Ariel Lopez perdió la vida y otras 22 personas resultaron heridas. En la misma, fecha en la ciudad de Masaya, fallecieron Junior Gaitán de 15 años, Donald López de 27 años, Rigoberto Carballo de 28 años y Eduardo Lopez de 37 años, en el contexto de los enfrentamientos entre civiles y la policía nacional.

El 6 de junio, habrían fallecido Jorge Zepeda Carrión en Masaya, Jose Leonel Casco Barrios en Chinandega, José Maltés y Jaime Antonio Salinas en Grenada, en el marco de diferentes enfrentamientos con grupos armados.  Ese mismo día, la Comisión recibió información sobre la quema de la Alcaldía de Granada. Posteriormente, el 8 de junio, un total de 18 encapuchados con armas, bombas molotov y morteros, habrían entrado a Radio Nicaragua para quemar y destruir sus instalaciones y al menos una persona habría resultado herida.

En la misma fecha, según información de público conocimiento, ocurrieron varios incidentes en distintas partes del país. En Jinotega, en horas de la madrugada, el adolescente Abraham Antonio Castro, de 17 años, falleció por herida con arma de fuego, cuando un grupo armado descargó ráfagas de disparos contra manifestantes. Adicionalmente, más de 20 personas habrían resultado heridas. En Altamira, Chris Montana falleció por impacto de bala. En Masaya, Cristian Salvador Gutierrez Ortega perdió la vida por impacto de balas en el tórax. Por otro lado, el 9 de junio, un grupo de personas con armas de fuego habría secuestrado a tres funcionarios de la Alcaldía de Jinotega, a saber, Jairo Antonio Suarez Zuñiga, Javier Enrique Gonzalez Siles y Douglas Gomez Zamora.

Por otra parte, la Comisión fue informada que el 10 de junio de 2018, camionetas antimotines y parapoliciales habrían atacado el tranque ubicado en Las Maderas, incluso con armas de tipo AK, en donde habrían fallecido al menos dos personas y siete habrían resultado heridas. Según la información recibida por la Comisión, la localidad de Las Maderas se encontraría sitiada por policías y grupos parapoliciales.

Por su parte, el Estado informó que también el 10 de junio, un grupo no identificado de personas armadas con armas de fuego secuestraron a Harold Rene Arroyo Altamirano, Técnico del Ministerio Agropecuario, quien habría sido liberado el 12 de junio. También informó que el mismo 10 de junio, un grupo de personas encapuchadas atacó con armas de fuego, morteros y bombas molotov la Delegación Policial de municipio de Sébaco, por un lapso de tres horas, producto de lo cual resultaron heridos los policías Helen Mendoza y Santos Cosme Martinez Hernández.  Asimismo, el Estado informó el 11 de junio sobre un ataque al puesto de policía de la comunidad Pueblo Nuevo en el municipio de Mulukuku, supuestamente por una banda delincuencial, en el cual fallecieron Dixon Bismark Soza Henríquez y Carlos Zamora. Asimismo, el Estado informó sobre las desapariciones del Capitán Ramón Zavala, el Oficial Leonardo Castillo y el Oficial Martín Sánchez. En el mismo sentido, la Comisión tomó conocimiento del supuesto secuestro, por parte de 30 personas encapuchadas,  de los oficiales Juan Ramón Mendez, Jefe de la delegación policial del municipio de El Jicaral y los subinspectores Pablo Reyes y Juan Jirón, el 9 de junio y quienes habrían sido liberados al día siguiente en Sébaco.

El 10 de junio, según lo informado por el Estado, personas encapuchadas incendiaron la infraestructura donde prestan servicios varias instituciones del Gobierno, incluyendo las oficinas de la Procuraduría General de la Republica, la Intendencia de Propiedad y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Managua.  Finalmente, en la misma fecha fueron heridos por armas de fuego los oficiales de la Policía Nacional Marcos Antonio Gonzalez Briceño, quien falleció como consecuencia de las heridas, y Jean Kerry Luna, mientras se trasladaban en motocicleta en el departamento de Managua. Asimismo, ese día Kener Joel Velásquez, de 17 años de edad, habría sido secuestrado en el municipio de Masatepe y su paradero continuaría siendo desconocido.

"El número de personas asesinadas y heridas sigue aumentando de manera alarmante. Es de profunda preocupación que, de acuerdo a la información disponible al día de hoy, ya son 143 las vidas humanas que se han perdido en el marco de la represión de las protestas, y la situación continúa agravándose" dijo la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua. "El Estado nicaragüense debe adoptar medidas urgentes para poner fin inmediatamente las agresiones arbitrarias contra la vida e integridad personal de todas las nicaragüenses y todos los nicaragüenses, sin distinciones de ningún tipo, incluyendo sus opiniones políticas", agregó. "El Estado tiene la obligación de avanzar en la resolución pacífica de la situación del país, y de investigar y sancionar a los responsables de todos los hechos de violencia".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH también ha recibido información sobre la sucesión de ataques contra medios de comunicación, así como de los actos de violencia y amenazas contra periodistas que desarrollan su labor en el marco de la actual crisis política. El Estado debe investigar estos hechos y proteger a aquellos medios y periodistas que se encuentren en un riesgo actual e inminente de sufrir nuevas agresiones.

Por otra parte, de acuerdo a sus observaciones preliminares, la CIDH alerta nuevamente sobre la persistencia en la denegación y obstaculización de asistencia médica en los hospitales estatales a personas heridas. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) continúa recibiendo información de suma preocupación por la falta de garantía y protección al derecho a la salud, tanto dentro de algunos hospitales, como mediante acciones atribuidas a fuerzas parapoliciales que estarían impidiendo que el personal humanitario y ambulancias brinden atención a las personas heridas.

En ese sentido, son de particular gravedad las denuncias por el ingreso y toma del Hospital Regional Santiago en Jinotepe durante la madrugada del 12 de junio, en la que estos grupos habrían atemorizado a los pacientes y personal sanitario con el objeto de impedir asistencia médica. En otros casos, personas heridas no estarían recibiendo la atención médica requerida al no acceder a los centros de asistencia de salud por temor a ser agredidas. En particular, la CIDH tuvo acceso a un pronunciamiento de los médicos del Hospital Bertha Calderón Roque, fechado el 7 de junio de 2018, en que expresan su compromiso de seguir atendiendo a la población y brindar los primeros auxilios a todo ciudadano que lo necesite, al tiempo que demandan respeto a la dignidad y vida del personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y población en general. Asimismo, hemos recibido información de que miembros de la Cruz Roja han sido agredidos en la ciudad de León mientras ejercen su labor humanitaria.

Ante estos hechos, la CIDH y la Redesca reiteran enfáticamente las obligaciones del Estado de proveer asistencia médica de emergencia, facilitar el acceso de las personas heridas a los centros médicos y servicios humanitarios sin discriminación y proteger a su población de restricciones al derecho a la salud por parte de terceros.

La Comisión rechaza toda forma de violencia. En este sentido, y de acuerdo a sus observaciones preliminares emanadas de la visita de trabajo al país, reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de desmantelar las estructuras represivas, los grupos parapoliciales y los terceros armados que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia. De igual forma, el Estado debe recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.

La Comisión reitera las recomendaciones formuladas en sus Observaciones Preliminares de su visita a Nicaragua, incluyendo el cese inmediato de la represión a los manifestantes, así como las detenciones arbitrarias, y garantizar el respeto a la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están ejerciendo sus derechos y libertades públicas en un contexto de extrema represión.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, indicó: "en este momento la CIDH está finalizando la selección de los miembros del Grupo de Investigación de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) y continúa dando seguimiento estrecho al desarrollo de los hechos a través del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua". Agregó: "la Comisión está terminando su informe final sobre la visita de trabajo a Nicaragua, que será presentado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a invitación de la Asamblea General de la OEA".

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 128/18