Una decena de detenidas comparece por primera vez ante el juez bajo la acusación de comunicarse con "entidades hostiles"

Arabia Saudí ha iniciado este miércoles el juicio contra una decena de activistas saudíes de los derechos de la mujer detenidas a lo largo del año pasado, y algunas de las cuales han sido torturadas en la cárcel, según sus familias. Las autoridades, que niegan ese extremo, no han hecho pública ni la lista de detenidas, ni de qué se las acusa. ALQST, un grupo de derechos saudí en el exilio, afirma que están siendo procesadas bajo la ley de delitos cibernéticos “en relación con actividades de derechos humanos y comunicación con entidades hostiles”.

Sólo las familias han podido asistir a la audiencia. Un grupo de una veintena de diplomáticos y periodistas extranjeros que se habían presentado ante el Tribunal Penal de Riad, han visto denegada su entrada, informan las agencias de noticias. El juez que preside la causa, Ibrahim al Sayari, ha justificado que el proceso se celebre a puerta cerrada por razones de “privacidad”. No obstante, ha confirmado que entre las encausadas se encuentran Loujain al Hathloul, Eman al Nafjan y las veteranas Aziza al Yusef y Hatoon al Fassi.

Además, según ALQST, también han comparecido ante el tribunal Amal al Harbi, Shadan al Onezi, Mayaa al Zahrani, Rokaya Mohareb, Abeer Namankani y una mujer que la organización no ha logrado identificar. Otra citada, Nouf Abdelaziz, estuvo ausente.

Varias de ellas se encontraban entre la docena de activistas, incluidos algunos hombres, detenidos el 17 de mayo del año pasado, apenas un mes antes de que se levantara la prohibición de que las mujeres condujeran. Algunas fueron liberadas poco después. Otras fueron detenidas con posterioridad, como Al Fassi (en junio) o Al Harbi (en agosto, pero que estaba en libertad). Todas han defendido el derecho de las mujeres a conducir o reclamado el fin del sistema de tutela, que somete a las saudíes a la voluntad del varón.

“El fiscal les ha acusado de delitos basados en una serie de confesiones según las cuales las mujeres han estado en contacto con organizaciones de derechos humanos”, ha tuiteado ALQST. La próxima sesión se celebrará el 27 de marzo.

Al parecer, no se trata de una única causa sino de tres separadas, ya que las activistas han comparecido en tres grupos diferentes. No está claro si han tenido asistencia letrada. Varias organizaciones de derechos humanos y algunos familiares habían denunciado que desde su detención no se les había permitido tener un abogado, algo que no es inusual en el sistema judicial saudí.

A pesar de la gravedad de los cargos, que pueden acarrear penas de hasta 10 años de prisión, los observadores han visto un pequeño signo esperanzador en el hecho de que, finalmente, el juicio se haya celebrado ante un tribunal penal y no ante el Tribunal Especial Antiterrorista como estaba inicialmente previsto. No está clara la causa de ese cambio, que sólo horas antes se comunicó a las familias. Las organizaciones de derechos lo atribuyen a la presión internacional.

Tras las primeras detenciones, el fiscal dijo que cinco hombres y cuatro mujeres habían sido detenidos bajo sospecha de “dañar los intereses saudíes” y ayudar “a los enemigos del Estado”. La prensa y la televisión (bajo control estatal) les tacharon de “traidores” y de “agentes de las embajadas”, en una campaña de desprestigio que alarmó a los diplomáticos extranjeros, en especial europeos y estadounidenses. Arabia Saudí está sometida a un mayor escrutinio tras el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

La semana pasada, en un gesto inusual, 36 países, incluidos los 28 miembros de la UE, pidieron a Arabia Saudí que liberara a las activistas, sobre las que existe un consenso generalizado de que son víctimas de una caza de brujas. A falta de transparencia del sistema judicial saudí, los analistas discrepan en si se las ha detenido como concesión a los conservadores que se oponen a la agenda reformista del príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, o como advertencia para marcar los límites de lo que la monarquía está dispuesta a conceder.

El juicio, anunciado a principios de mes, ha movilizado a feministas y activistas de los derechos humanos en la región. “¡Pedir la igualdad no es terrorismo!”, tuiteaba la activista jordana Suad Abudayyeh. Un grupo ha iniciado una acción de apoyo bajo la etiqueta #معاك_يالجين (#EstamosConLoujain) en apoyo de la más joven de las detenidas y cuya familia ha sido una de las más vocales en denunciar el acoso sexual y las amenazas de violación de las que presuntamente ha sido víctima por parte de sus carceleros. La Universidad de Lovaina (Bélgica) incluso le ha concedido un doctorado honorario por su activismo.

Varias diputadas canadienses y noruegas han propuesto a tres de los detenidos, Al Hathloul, Al Sadah y Abdullah al Hamid, para el premio Nobel de la Paz de este año.