Los originarios acompañaron al INRA a desalojar a interculturales que parcelaron kilómetros del bosque.

La dirigencia del  Territorio Indígena Multiétnico (TIM) acompañó a una comisión de funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar el desalojo y confiscación de bienes en los asentamientos de madereros ilegales y a la destrucción de viviendas de una comunidad intercultural que parceló varios kilómetros del bosque  tsimán (chimán) en Beni. 

El INRA declaró a ese territorio, junto con exconcesiones madereras, como tierra fiscal, afectando a las cinco etnias que habitan el TIM beniano: mojeños trinitarios e ignacianos, movimas, yuracarés y tsimanes.

El 22 de septiembre estos indígenas amenazaron con iniciar la X Marcha de pueblos del oriente con dirección a la ciudad de La Paz si el INRA no revertía el denominativo de tierras fiscales a sus territorios.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, firmó ese mismo día, en San Ignacio de Moxos, un convenio en el que aseguraba que el INRA revisaría los límites del territorio del TIM y del  bosque tsimán, desalojaría cualquier asentamiento y  daría a las etnias que lo habitan su título de propiedad. De esta forma se detuvo lo que hubiese sido una nueva movilización indígena rumbo a la sede de Gobierno.

Según el acuerdo firmado por el Ministro, hasta el 22 de diciembre se promulgará el decreto supremo que devolverá la propiedad de la tierra a las cinco etnias que componen el TIM.

El origen 

A raíz de la marcha indígena de 1990, el gobierno del entonces presidente Jaime Paz Zamora promulgó el  decreto 22611, que no sólo fue el origen de áreas  como el TIM, sino también como el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La norma determinó también un plazo de 20 años para terminar con la explotación maderera al interior del bosque  tsimán, aclarando que luego de ese tiempo las tierras pasarían automáticamente a ser propiedad de los pueblos indígenas que lo habitaban.

Se ha cumplido el plazo, pasaron los 20 años,  el INRA procedió a nombrar tierras fiscales a los terrenos donde se asentaban las concesiones madereras y de pronto la tierra de los pueblos indígenas ya no era suya.

“Las empresas madereras tenían un plazo de trabajo de 20 años, culminaron en 2010, y en 2011 debieron pasar a manos del TIM. De acuerdo con el decreto 22611, esa tierra pertenece a los pueblos de cinco etnias: movima, tsimán, yuracaré, mojeño trinitaria e ignaciana, pero en  la realidad no se cumplió”, afirmó el presidente del TIM, Bernardo Muiba Yuco.

Una  lucha, una historia de vida

Simeón Guaji Guaji,  de 64 años, es el actual corregidor de la comunidad tsimán de  Jorori.  Guaji es mojeño trinitario, tuvo seis hijos y ya hace 10 años que es corregidor de esta comunidad, a solicitud de los mismo habitantes.

El corregidor vivió durante muchos años en el sector del norte de La Paz, siempre en áreas rurales, pues dice que no le gustan las ciudades, y que prefiere vivir en el campo. Aclara que llegó a ser corregidor por invitación expresa de los miembros de la comunidad.

“Me vine invitado por los hermanos. Eran explotados de otros hermanos, entonces han visto que no podían seguir siendo explotados y por eso llegué aquí con ellos. Me dijeron que venga aquí, donde era mi comunidad; nos vinimos y ellos me pusieron de corregidor”, cuenta Guaji.

El representante asistió a la gran reunión de corregidores que determinó empezar una nueva marcha indígena, la décima. “Estamos decididos todos a defender nuestro territorio como lo defendieron nuestros antepasados”, afirma.

El compromiso del INRA

El INRA asumió una serie de compromisos desde la firma del convenio con el ministro Romero, y a pesar de que la dirección regional de Beni rehusó hacer declaraciones sobre este tema en particular, las actas a las que tuvimos acceso nos permiten conocer el accionar de esta institución.

En la reunión del 29 de octubre de  2018, llevada adelante en las oficinas del INRA Beni, y con la presencia de dirigentes del TIM, del Territorio Indígena Chimán (TICH) y representantes del Ministerio de Gobierno, se explicó el informe UDSA BN No 545/2018.

“Me vine invitado por los hermanos. Eran explotados de otros hermanos, entonces han visto que no podían seguir siendo explotados y por eso llegué aquí con ellos. Me dijeron que venga aquí, donde era mi comunidad; nos vinimos y ellos me pusieron de corregidor”, cuenta Guaji.

El representante asistió a la gran reunión de corregidores que determinó empezar una nueva marcha indígena, la décima. “Estamos decididos todos a defender nuestro territorio como lo defendieron nuestros antepasados”, afirma.

El compromiso del INRA

El INRA asumió una serie de compromisos desde la firma del convenio con el ministro Romero, y a pesar de que la dirección regional de Beni rehusó hacer declaraciones sobre este tema en particular, las actas a las que tuvimos acceso nos permiten conocer el accionar de esta institución.

En la reunión del 29 de octubre de  2018, llevada adelante en las oficinas del INRA Beni, y con la presencia de dirigentes del TIM, del Territorio Indígena Chimán (TICH) y representantes del Ministerio de Gobierno, se explicó el informe UDSA BN No 545/2018.

En dicho informe, el INRA aseguró que después de una inspección ocular comprobó la existencia de la Comunidad Campesina Indígena Intercultural San Juan de Eva Eva, en la que no encontraron presencia humana, pero sí actividades y mejoras. En dicho informe el INRA aseguró que este asentamiento es ilegal.

El reporte también da cuenta de que en el territorio reclamado se encuentran dos predios denominados Israel II y Moscú, y un aserradero llamado San Ambrosio.

A lo largo de diferentes reuniones se consolidó un cronograma de trabajo, que se completaba con el desalojo de la comunidad Eva Eva, y la expropiación  de predios y aserraderos, para los últimos días de noviembre.

Los interculturales

Hace aproximadamente 10 años   empezaron a aparecer los primeros interculturales ingresando  al territorio del bosque tsimán.

Así lo recuerdan los mismos pobladores de la zona, así lo reviven cuando piensan que en su momento la dirigencia no supo o no quiso hacer nada para detenerlos.

“No estaba enterado de todo este asunto, por eso ellos (los interculturales) han podido entrar, pero tampoco sé cómo entraron ellos. Esto ha debido ver alguien que conocía este lugar”, comenta Guaji, cuya comunidad fue una de las afectadas de forma directa por la presencia de los interculturales.

Y es que a medida que iban entrando, los interculturales iban contratando comunarios para que trabajen por ellos en las parcelas que estaban avasallando.

“Bueno, los comunarios han ido a trabajar con ellos, para qué le voy a negar, para qué les voy a mentir, porque la necesidad es así, uno tiene que buscar así. (Les pagaban) 50 bolivianos por día para hacer chaco. para hacer parcela”, cuenta el corregidor de Jorori.

Las casas quedan de prueba

A lo largo de varios kilómetros, ubicadas al lado del sendero, se levantan las casas, cientos, más de 250, todas de los interculturales que trataron de ingresar y apropiarse del bosque, y se agruparon en una comunidad denominada Indígena Campesina Intercultural San Juan de Eva Eva. Kilómetros de monte destruido, quemado, con árboles cortados, están ahí al lado del sendero, no muy expuestos, sino más bien camuflados a los costados, dejando un poco de monte para quedar ocultos.

La realidad es que al escuchar la determinación del encuentro de corregidores, en el que se decidió que de ser necesario quemarían las casas de los avasalladores, los interculturales  se fueron.

Ricardo  Gutiérrez es periodista.

Desalojos y destrucción de casas

Una comisión integrada por representantes del INRA nacional y el INRA regional Beni, además de los dirigentes del TIM y de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPEMB), corregidores y dirigentes de la Organización de Mujeres, entraron el 21 de noviembre a realizar los desalojos correspondientes.

“Nos fue muy bien, se destruyeron las casas (de los interculturales). No había nadie y se colocó un báner que dice que esa tierra es tierra fiscal y pertenece a los cinco pueblos indígenas del TIM”, asegura Bernardo Muiba.

Según el dirigente, se permitió al aserradero San Ambrosio, de la exconcesión Monte Grande, permanecer en el lugar hasta que mejoren los caminos y puedan sacar sus equipos.

Al concluir, Muiba también aseguró que están pendientes dos mesas técnicas, una de ellas para concretar la firma del decreto que devolverá la propiedad del bosque tsimán y las exconcesiones a los pueblos indígenas que componen el TIM.