Los jueces y funcionarios de Régimen Penitenciario que no liberaron a los reclusos que cumplieron su condena y los mantenían encarcelados no pueden quedar en la impunidad. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia demandó el inicio de un proceso penal contra los funcionarios y el Consejo de la Magistratura anunció una investigación disciplinaria, pues considera que los jueces de ejecución penal incumplieron funciones.

El fin de semana se conoció de más de 80 reclusos que continúan en el penal cruceño Palmasola, pese a haber cumplido su condena y recientemente fueron liberados 22, entre ellos un reo que estuvo detenido siete años cuando su condena era de tres.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, sostuvo que la vulneración del derecho a la libertad, que está protegido por la Constitución, implica responsabilidad penal por lo que pidió al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno el inicio de un proceso por incumplimiento de deberes contra los jueces de ejecución penal, el director del penal Palmasola y los equipos multidisciplinarios.

“¿Qué labor cumplen, por qué se les paga si no cumplen su función?”, reclamó Aguayo porque ellos hacen el control de plazos de las detenciones. Lamentó el agravante del recluso con dificultad mental que no fue advertido.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, señaló que los jueces de Ejecución Penal velan por el cumplimiento de la condena y de su libertad y en este caso se advierte incumplimiento.