DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS Y LOS ACUSADOS SIGUEN DEFENDIÉNDOSE EN LIBERTAD

Diez años después de los hechos del 24 de mayo, las víctimas de los actos de humillación en Sucre están decepcionadas con la justicia boliviana, por lo que ahora sólo esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva su caso. Ayer, en el Día contra la Discriminación y el Racismo, hubo varios actos de desagravio en Sucre.

Acompañado de miembros de la Federación Única de Trabajadores, Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) y la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa (FUMTPOCH-BS), el representante de las 227 víctimas, Esteban Paco, emitió un manifiesto en las puertas del Tribunal Supremo de Justicia.

"Pedimos que de una vez haya justicia para los pobres, no solamente para los ricos. Durante diez años que no se puede encontrar justicia", declaró.

Lamentó que pese a recibir una sentencia los acusados sigan libres caminando por las calles.

"No hay justicia, de gusto sale sentencia pero siguen libres nomás", dijo.

Lamentó que a pesar de la ley contra el racismo persista la intolerancia. "Siguen pasando (estos hechos), el 8 de mayo también hubo discriminación, racismo", afirmó, en alusión a la agresión perpetrada contra el gobernador Esteban Urquizu tras asistir a una reunión convocada por el Comité Cívico.

"Había sido delito ponerse abarcas, sombreros, hablar quechua y ser masistas, nos tratan como si fueramos animales", protestó.

Debido a la respuesta que recibieron de la justicia boliviana en estos diez años, Paco anunció que llevarán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Vamos a pasar nuestra demanda a la Corte Interamericana directamente porque no vamos a poder encontrar justicia en Bolivia", sostuvo.

ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, el ejecutivo de la FUTPOCH, Román Barrón, expresó su solidaridad con las víctimas del 24 de mayo de 2008. "Hace diez años fuimos humillados y discriminados como sector campesino, por ello hoy nos encontramos aquí en el frontis del Tribunal Supremo para pedir justicia", señaló.

Expresó que a pesar del cambio de autoridades, el sistema judicial no dé señales de cambio en su accionar hacia una justicia pronta.

Advirtió que si no hay un cambio de actitud en los administradores de justicia, el sector campesino empezará a presionarlos.

En marzo de 2017, el TSJ admitió la demanda de casación de los acusados, que anteriormente fueron sentenciados de seis a siete años y medio de prisión por instigación a la violencia y racismo en el denominado caso 24 de mayo de 2008.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, informó que el caso radica en la Sala Penal y "la demora correspondiente creo que se debe a un recurso de amparo constitucional que ha sido presentado por parte de los procesados".

"Consiguientemente, el recurso está en la Sala Penal, que tiene absoluta independencia en cuanto a la mecánica de la fecha, sorteo y resolución, no es cuestión de sala plena", dijo.

MARCHA DE DESAGRAVIO

Por la tarde, hubo una marcha convocada por las juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Es una tarea de todos los ciudadanos eliminar cualquier tipo de discriminación que haya en nuestra sociedad, nosotros este 24 de mayo lo recordamos como un día nefasto porque en esta fecha nuestros hermanos campesinos han sufrido humillación por parte de algunos grupos conservadores de la ciudad”, afirmó el representante de las juventudes, Edwin Mita

La movilización también mostró un repudio a la “retardación de la justicia”, por lo que exigió el esclarecimiento de los hechos con la emisión de una sentencia contra los culpables.

La secretaria de Desarrollo Humano y Social de la Gobernación de Chuquisaca, Mery Romero, por su lado, expresó que en estos diez años "aparentemente no se redujeron los casos de violencia, discriminación y racismo. "Creo que todavía debemos trabajar por una sociedad más justa y equitativa", exhortó.