Entre nuestros países es conocido el desequilibrio interno y externo, aunque hay países donde las diferencias son más profundas y evidentes.

Como ejemplo, el departamento de Chocó, –el más pobre de Colombia– tardaría 200 años en alcanzar los niveles de renta per cápita de Bogotá, según un estudio de la OCDE sobre Colombia del año 2015.

En América Latina, los ingresos de las persona de las diferentes divisiones administrativas intermedias, –departamento, provincia, estado o región– son nueve veces mayores en las más ricas que en las más pobres.

En promedio, la disparidad económica territorial es cuatro veces mayor entre los países latinoamericanos que entre los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, según el informe, Descentralización fiscal y disparidades regionales en América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este tipo de desigualdad varía mucho entre los diferentes países. 

En países como Argentina y México, el PIB per cápita en las divisiones administrativas más pobres, llega a ser 16 veces menor que en las más ricas, mientras que en el extremo opuesto, en países como Honduras y Uruguay, esta diferencia se reduce a s   ólo tres veces.

A pesar del crecimiento   económico y de la leve disminución, pero disminución al fin, de la desigualdad en los países de la región de las últimas décadas, las disparidades resultantes en los ingresos tributarios entre gobiernos intermedios no ha cambiado entre 2000 y 2012.

Según el informe, “existe una alta y significativa correlación entre la desigualdad en el ingreso regional y los ingresos tributarios propios de los gobiernos intermedios”, sobre todos en las economías más grandes. 

De hecho, el 10% de las divisiones administrativas intermedias con mayor recaudación impositiva tiene un ingreso ocho veces mayor que el 10% de las divisiones con menor recaudación.

Uno de los factores que determinan  estos desequilibrios horizontales es la descentralización impositiva que otorga potestades a gobiernos subnacionales que tienen diferentes “capacidades fiscales y necesidades de gasto”.

La desigualdad en la recaudación de las regiones también se debe, según el informe, a las variaciones del tamaño y las características sociales y económicas del país, a la capacidad de gestionar ingresos y servicios y a la creciente concentración económica en las grande ciudades.

Por ello, mientras ciertas administraciones logran alcanzar considerables niveles de bienestar y prosperidad, otras no logran cubrir las necesidades básicas y permanecen estancadas a lo largo del tiempo. 

Los sistemas de transferencias fiscales no han contribuido a un mayor equilibrio. Han sido pocos los países latinoamericanos que han incorporado reformas puntuales en sus sistemas de transferencias fiscales con el objetivo de reducir las diferencias fiscales interregionales. 

Y de momento, ningún país ha realizado reformas profundas que compensen las grandes diferencias. Por ello, organismos, académicos y expertos consideran, al igual que el informe del BID, que una mayor igualación fiscal entre regiones “es un componente esencial de todo proceso de descentralización que procure un desarrollo territorial equitativo, integral y sostenible”.