Estas organizaciones utilizan los llamados puntos ciegos en las fronteras para no ser descubiertos

La ausencia de controles de menores de edad en el transporte interprovincial dentro del país y en los denominados ‘puntos ciegos’ en las fronteras, son aprovechados por las redes de trata y tráfico de personas para trasladarlos. Así lo afirman expertos en el tema basándose en estudios realizados y en sus experiencias entrevistando a víctimas de este delito. 

Ariel Ramírez y Elizabeth Zabala, de la fundación Munasim Kullakita de La Paz, y la trabajadora social forense Iris Téllez, de Santa Cruz, coinciden en que los controles del transporte de menores de edad solo existen en las terminales departamentales en el país, además de que, así como Brasil y Argentina son destinos para la explotación laboral, Perú y Chile lo son para víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. “Esto se da por la demanda de prostitución en regiones donde hay explotación minera y por lo tanto, mayor movimiento económico”, dice Ramírez. 

Para realizar el estudio Dinámicas de la trata, proxenetismo y violencia sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Bolivia (septiembre 2016) Ramírez comenta que se realizó un recorrido por La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija en el que se evidenció esa situación.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Johnny Aguilera, manifestó que en las terminales provinciales de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú se genera una gran cantidad de traslado de personas con fines de explotación laboral y sexual. 

La información que manejan es que en el país el tráfico de personas se da especialmente con mujeres del oriente boliviano hacia el occidente para explotarlas sexualmente y desde el occidente para explotación laboral en Brasil y Argentina. 

“Hay estudios que demuestran que nuestras fronteras son porosas, que existe mucha distancia entre un punto de control y otro, por lo que existen infinidad de vías alternas que son utilizadas para el contrabando, narcotráfico y este delito de trata que tiene conexión. Efectivamente no existen en todos los puntos ni policías ni defensorías de la niñez”, afirmó Aguilera.  

EL DEBER se contactó con la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas a cargo de Mario Medina, para conocer su parecer, pero en su oficina indicaron que tenía muchas ocupaciones y que no tenían datos exactos del tema de las rutas. 

De Villamontes a Yapacaní

Zabala dice que las redes de trata evitan las terminales departamentales de buses porque allí hay controles y presencia de las defensorías de la niñez, mientras que en las rutas provinciales hay un “vacío del Estado”.  

Soledad Yucra, trabajadora social de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, confirmó que efectivamente las víctimas señalan que eligen las provincias para trasladarse, porque allí el control es nulo. 

El año pasado, atendió el caso de una adolescente de 17 años hallada en un prostíbulo de ese municipio durante una batida. “La joven no tenía documentos pero decía ser mayor de edad; salió desde Villamontes hasta Santa Cruz para buscar trabajo y en la zona de la exterminal una mujer le ofreció venir a Yapacaní para trabajar de copera y se vinieron en un trufi”, comenta. 

Cómo llegan a Chile y Perú

Ramírez comenta que la ruta que sigue una chica para llegar hasta Perú o Chile desde el oriente o el chaco boliviano, comienza en alguna provincia, se enlaza con la capital cruceña y luego pasan a Cochabamba vía Yapacaní. Después siguen rutas como Bulo Bulo, Chapare o Quillacollo para llegar a poblaciones paceñas como Caranavi, Apolo,  El Alto y finalmente Copacabana o Desaguadero, en la frontera con Perú. “Una vez en el lado peruano, las llevan a minas en Arequipa, Puno, Juliaca y otras donde existe explotación de minerales, sobre todo el oro”, acota. 

Los puntos ciegos en frontera

Cuando los traficantes captan a personas y las llevan contra su voluntad, no utilizan Desaguadero o Copacabana para pasar a Perú, dice Ramírez, sino otras rutas alternativas. “Van por Apolo y siguen rutas casi inaccesibles a lugares inhóspitos de la Amazonía peruana, usando ‘puntos ciegos’ en la frontera donde no existe control”, dice. 

Entre las múltiples declaraciones de víctimas que recogieron Ramírez y Zabala, está la de una adolescente de El Alto de nombre Yamila, a quien el año pasado un sujeto al que identificó como ‘don Diego’ le propuso trabajar como ayudante de cocina para ganar el equivalente a Bs 1.000 en Perú. “Me pareció mucha plata y acepté. Tomamos un taxi hasta Desaguadero y un bus hasta Puno. Cuando llegamos me encerró en una casa con muchas chicas para hacer pieza”, declaró, haciendo referencia a que fue explotada sexualmente.   

En lo que respecta a la frontera con Chile, Alejandra Lobo, corresponsal de un diario chileno en Tarapacá y que ha investigado el tema en la zona, dijo que si bien el flujo de ingreso ilegal de personas hacia Chile es constante, no existen elementos que permitan afirmar que se trate de extranjeras que sean traídas a Chile con fines de explotación sexual. “La mayoría de los extranjeros llegan en busca de una mejor opción de vida y se desempeñan en actividades ligadas a servicios, restaurantes, comercio, centros de belleza y construcción. Hechos ligados a explotación sexual han sido puntuales en el norte e investigados por las policías y el Ministerio Público”, afirmó.

Explicó que lo que sí ha formado parte de investigaciones, es que existan redes operando. “A raíz de la muerte de una ciudadana dominicana en Colchane el año pasado, se ha indagado la probabilidad cierta que existan organizaciones que están dedicadas a ingresar extranjeros ilegalmente con falsas promesas de trabajo y documentación legal; les cobran sumas de dinero por eso y en muchos casos, terminan abandonándolos en la frontera”, afirmó. 

Autoridades y ciudadanía

“Nuestro estudio ha movilizado a algunas autoridades a actuar, como en Cochabamba donde tomaron en cuenta estos datos para ejecutar estrategias de control sobre el traslado de niños y adolescentes”, dice Zabala, que pidió que la gente denuncie.